- * El senador guerrerense recordó que él se opuso a la desaparición del Seguro Popular, porque el cambio a Instituto Nacional de Salud para el Bienestar estuvo “terriblemente mal planeado” por el gobierno federal
Gilberto Guzmán
El senador priista Manuel Añorve Baños criticó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al Seguro Popular, estuvo “terriblemente mal planeado” por el gobierno federal, y por eso está en riesgo la salud de los beneficiarios, quienes ahora deben pagar altas cuotas de recuperación por servicios que antes eran prácticamente gratuitos.
En entrevista radiofónica el legislador recordó que desde que fue planteada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, él se opuso a la desaparición del Seguro Popular porque anticipaba que iba a generar problemas para los beneficiarios, y desafortunadamente no se equivocó.
“Todos los programas son perfectibles, pero no se trata que por cambio de régimen ideológicamente hablando, hay que desaparecer todo lo que se tenía y hay que crear un nuevo gobierno; eso no es posible, en ninguna parte del mundo existe y hoy estamos viendo que las consecuencias son terribles”, señaló.
Añorve Baños señaló que el Seguro Popular era una alternativa muy importante de salud para millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social, y aunque se pudo haber perfeccionado, la dinámica del gobierno federal es desaparecer todos los programas, como las Estancias Infantiles, los Comedores Comunitarios, las Zonas Económicas Especiales, absorber el programa del fertilizante o desaparecer el Consejo de Promoción Turística.
Criticó que hasta ahora sólo haya demagogia en la creación del Insabi al prometer servicios de salud gratuitos para todos los mexicanos, pero sin garantizar los recursos financieros y humanos para cumplir lo que el presidente ha dicho en el discurso.
“En el tema del Seguro Popular lo dijimos hasta el cansancio en el Senado de la República, el cambio que ellos decidieron hacer en el Insabi estuvo terriblemente mal planeado; era un cambio paulatino, muy estratégico, porque no se puede jugar con la salud de los mexicanos, no es lo mismo hacer un Banco del Bienestar que dejar sin atención a personas con diabetes, con enfermedades terminales”, señaló.
Lamentó que se haya aprobado “con bombo y platillo” la creación del Insabi tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores por parte del Morena y sus aliados, pero sin contar con la instrumentación, oficinas formales en el país, recursos disponibles para su operación, mientras el Seguro Popular tenía convenios con los Hospitales Generales para cubrir parte de los gastos la federación y otra parte los gobiernos estatales.
Dijo que ahora las cuotas de recuperación que con el Seguro Popular se cobraban en 90 pesos, se cobran hasta 12 mil o 20 mil pesos en tratamientos para diabetes o cáncer, lo que es imposible de pagar por parte de personas de bajo recursos.
Puso como ejemplo que en el Hospital Infantil de la Ciudad de México era gratis la atención para niños de hasta cinco años, y hoy ya no se otorga ese beneficio, además de que hay carencia de medicamentos y se colapsa el sistema de salud pública por la mala planeación del gobierno federal.
El senador comentó que esta situación está poniendo en riesgo la salud de millones de mexicanos que necesitan llevar a sus hijos a atenderse de manera urgente, pero no tienen recursos para pagar las cuotas de recuperación que se han incrementado con la desaparición del Seguro Popular.
Añorve Baños agregó que la solución es que el gobierno federal destine recursos para el Sistema de Salud Pública, para que en la transición del Seguro Popular al Insabi, que tardará un año, se pueda garantizar que la ciudadanía pague las mismas cuotas que antes y no colapse el sistema de salud en el país.
Criticó que contrario al descuido en que han colocado al sistema de salud pública, al Banco del Bienestar —antes BANSEFI— se le destinarán alrededor de 5 mil millones de pesos para construir cerca de 2 mil 700 sucursales en el país, que servirán como pagadurías de los programas sociales del gobierno federal, que tienen un objetivo electorero.