Gilberto Guzmán

La diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de adición a la Ley de Fomento, Inversión y Desarrollo Económico del Estado de Guerrero para obligar a las empresas públicas o privadas que realizan alguna actividad económica en Guerrero, a respetar los derechos humanos de sus trabajadores y de quienes reciban un bien o servicio, y en caso de omisión se les cancelará cualquier estímulo fiscal que hayan obtenido hasta antes del hecho violatorio de derechos humanos.

En la sesión del Congreso de Guerrero de este martes la diputada del Partido del Trabajo presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo II denominado Del Respeto a los Derechos Humanos en las Actividades Empresariales en la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo Económico del Estado de Guerrero, como parte del cumplimiento de la recomendación 37/2019 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en mayo pasado.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos explicó que en los puntos que se dirige a los Congresos estatales, la CNDH señala que las comisiones legislativas que correspondan deben elaborar una iniciativa de ley con base en la Recomendación General para modificar las leyes de carácter estatal a efecto de que se incorporen las reglas de respeto a los derechos humanos en actividades empresariales” en los términos de la misma Recomendación.

Además de establecer las acciones necesarias para hacer una revisión periódica de la legislación estatal para formular la iniciativa de ley que corresponda para que se ajusten a lo señalado en la misma Recomendación: En la iniciativa se indica que es importante que las personas empresarias conozcan su rol de responsabilidad en el respeto a los derechos humanos de todas las personas que forman parte de la empresa, y de todas las personas con las que mantiene o puede mantener relaciones jurídicas, geográficas o de otra índole, así como de las situaciones de riesgo que pueden propiciar violaciones a derechos humanos.

Menciona que en el contexto de las actividades empresariales, tanto en el ámbito nacional como el internacional, se han identificado situaciones que propician violaciones a derechos humanos de grupos o colectividades, lo que ha obligado a poner en el centro de atención a las empresas como nuevo sujeto responsable de respetar los derechos humanos.

Comentó que aunque en la legislación mexicana no se cuenta con una ley específica reguladora de las empresas y los derechos humanos, existe un gran número de leyes federales y generales que regulan la actividad de las empresas de todos los sectores industriales en diversos aspectos.

De aprobarse la iniciativa, se reformará la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo Económico del Estado de Guerrero para crear el capítulo II Del Respeto a los Derechos Humanos en las Actividades Empresariales

Además, se adicionará un artículo 95 Bis: “Todas las empresas públicas o privadas que realicen alguna actividad económica dentro del territorio estatal estarán obligadas a respetar los derechos humanos de los trabajadores que presten sus servicios en las mismas, así como los derechos humanos de quienes reciban un bien o servicio”.

La propuesta explica que “En caso que existan violaciones a los derechos humanos de los trabajadores o particulares se les cancelará cualquier estímulo fiscal que hayan obtenido hasta antes del hecho que haya sido señalado como violatorio de derechos humanos”.

Que “Las empresas deberán impulsar acciones dentro de sus directivos y empleados a efecto de que en las relaciones laborales y en el proceso de prestación del bien o servicio no se vulneren los derechos humanos”.

Y “De manera periódica las empresas deberán capacitar a sus empleados para que estos respeten los derechos humanos de los usuarios”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico para el análisis y trámite legislativo correspondiente.

Sobre el mismo tema, en esta sesión se presentó un oficio suscrito por la diputada Leticia Mosso Hernández por el que se remite la iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, para facultarla a investigar de oficio o a petición las quejas presentadas en contra de actos u omisiones de las empresas públicas o privadas que violen derechos humanos.