* Se quejaron de que la integrante de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa denunció haber recibido amenazas desde el pasado fin de semana, pero ninguna autoridad le hizo caso
Jesús Saavedra
Activistas de derechos humanos, feministas, universitarios, familiares de desaparecidos exigieron al gobierno federal y estatal que se hagan los esfuerzos necesarios para la presentación con vida de Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, quienes, afirmaron, fueron levantados por miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.
Denunciaron además que desde el viernes, sábado y domingo, la activista de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM) informó al gobierno del estado y federal que estaba siendo víctima de amenazas de muerte, pero que ante la desatención de las autoridades decidió huir por su cuenta el martes con Hilario Cornelio Castro y fue cuando los privaron de su libertad.
A los dirigentes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM) se les perdió el rastro cuando viajaban por la carretera federal Acapulco-Chilpancingo en el tramo Ayutla-El Ocotito.
En la conferencia de prensa, los inconformes no dudaron en señalar a los integrantes de la Organización de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) como los probables responsables de esta desaparición forzada, y también señalaron a las exautoridades del municipio de Ayutla, a quienes Eugenio Manuel los denunció por presuntos actos de corrupción.
La activista, María Luisa Garfias Marín lamentó que mientas este viernes se festeje en México el Día de la Mujer, “Obtilia e Hilario los hayan desaparecido de manera forzada, nuestro repudio a este cobarde hecho y exigimos a las autoridades que continúen su búsqueda y la encuentren con vida”.
Recordó que Eugenio Manuel contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero “esas medidas no funcionaron, no sirvieron, porque la policía que asignan no se sabe lo que ellos tengan conocimiento, porque tenían la obligación de estarla cuidando”.
José Alfredo Pineda, integrante de la Coordinadora Universitaria, dijo que Obtilia Eugenio denunció que estaba recibiendo amenazas de muerte desde viernes, y “hay indicios que fueron gente de la UPOEG los responsables de esos hechos, estamos demandando que se preserve la vida y su integridad física de los dos”.
Afirmó que la dirigente de la OPIM hizo del conocimiento al gobierno del estado y la Secretaría de Gobernación que había recibido amenazas; “las autoridades tenían conocimiento y no hicieron nada para evitar que eso sucediera”, acusó.
El universitario indicó la activista “denunció corrupción en Ayutla, en la asignación de obras en la administración municipal pasada, y la habían amenazado, por eso salieron el martes y se trasladaban a Chilpancingo cuando fueron interceptados y desaparecidos”.
Cuauhtémoc Radilla afirmó que había amenazas directas contra Eugenio Manuel y su pareja Cuauhtémoc Ramírez, ambos dirigentes de la OPIM, por parte de la UPOEG, y que “es raro que hayan sido desaparecidos Obtilia e Hilario en los retenes de esas supuestos policías”.
La dirigente indígena Marta Sánchez Néstor recordó que Obtilia Eugenio era parte del Concejo Municipal de Ayutla, y “nos conmociona y enoja bastante que prevalezca la desaparición forzada y un clima de hostigamiento contra el activismo en derechos humanos”.
La dirigente del colectivo de Familiares de Desaparecidos, María Guadalupe Rodríguez Narciso, exigió que las autoridades paren “esa masacre contra defensoras de los derechos humanos, no se han respetado los derechos humanos, por eso levantamos la voz y esta bandera de esfuerzo, hay una violencia imparable en la entidad a la cual se le debe ponerle un alto”.
Norma Otilia Hernández Martínez, diputada de Morena, se sumó a la exigencia de la presentación con vida de los “dos compañeros” y advirtió que “no vamos a permitir más violencia en contra de las mujeres, es un tema de justicia y de que cese esta violencia y que se siga hostigando a los defensores”.
Después, congregaron a unas 50 personas que marcharon desde el monumento a Las Banderas a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, para exigir la presentación con vida de Eugenio Manuel e Hilario Cornelio.
El contingente llegó hasta las oficinas de la CDHEG y en el trayecto gritaron consignas exigiendo la presentación con vida de la activista y su acompañante.
En el transcurso de la marcha los manifestantes se enteraron del cartel en el que la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece hasta 2 millones de pesos por información para que puedan dar con el paradero de las dos personas privadas de su libertad.
En ese cartel aparecía la fotografía de Obtilia Eugenio Manuel y de quien se supone sería Hilario Cornelio Castro, aunque la foto es de Valentín Hernández Chapa, dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en San Luis Acatlán.
Los inconformes criticaron que la FGE “no asuma con responsabilidad un hecho grave e igual significa que el compañero Valentín está fichado en la FGE y no debe ser para ninguna cosa buena”, aseguraron.
Mientras gritaban consignas como “derechos humanos donde estaban cuando a Obtilia levantaban” en la explanada de la CDHEG, los manifestantes fueron atendidos por el presidente de ese organismo, Ramón Navarrete Magdaleno.