Alejandro Mendoza
El senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, inició una polémica política al advertir que la Cámara de Senadores puede proceder a la desaparición de poderes en los estados, en caso de que los gobernadores desatiendan el mandato constitucional de los “súper delegados” que tendrá el nuevo gobierno federal.
En tal sentido, es pertinente detallar el concepto de desaparición de poderes en los estados. Éste se refiere a la extinción o pérdida de la posibilidad de continuar ejerciendo el poder político por parte del titular del Ejecutivo y las funciones públicas estatales por parte de un cuerpo colegiado que ejerza el Poder Legislativo o Judicial en una entidad federativa.
La Carta Magna otorga a la Cámara de Senadores la facultad exclusiva para determinar que se ha configurado la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado y hacer la declaratoria de que debe nombrarse un gobernador provisional.
La desaparición de los poderes de un Estado se puede suscitar en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales: 1) quebranten los principios del régimen federal; 2) abandonen el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor; 3) estén imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico; e) prorroguen su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados; y, 5) promuevan o adopten una forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución.
El objetivo de la declaratoria de desaparición de poderes es reconstruir los poderes constitucionales de un Estado, no eliminarlos.
El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tuvo que entrar a matizar la postura de Salgado Macedonio aduciendo que no se hará nada fuera de la ley en contra de los gobernadores.
Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del 1 de diciembre entrarán en funciones los que sus adversarios políticos han tildado como “súper delegados” estatales de su gobierno en todo el territorio mexicano, con la incertidumbre y zozobra que desplacen al poder y la autoridad de los mandatarios estatales.
Se ha venido anunciando que, en el caso de Guerrero, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Pablo Amílcar Sandoval, podría ser el próximo delegado estatal del gobierno obradorista.
En este contexto, la advertencia de Salgado fue una réplica a los gobernadores del PAN que, a través de una carta abierta difundida desde la noche del jueves, manifestaron su desacuerdo con los súper delegados, y también al pronunciamiento del gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, quien instó al próximo gobierno a no “pisotear el federalismo”.
Mientras tanto, los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRI, Claudia Ruiz Massieu, respectivamente, advierten que presentarán un recurso de inconstitucionalidad para frenar la figura de los “súper delegados” aprobada por el Congreso de la Unión.
Algunos de los argumentos van desde el permitir que estas figuras de López Obrador asuman tareas de los gobernadores, lo cual generará conflictos, descoordinación y significaría violar el pacto federal, anulando en los hechos el voto de los ciudadanos, pues fueron ellos los que eligieron a sus autoridades.
En tal contexto, obradoristas como Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, explicó que el objetivo de los representantes federales es compactar la burocracia y precisó que los delegados no tendrán contacto con los recursos federales.
Hasta donde se conoce, los delegados de López Obrador estarán dentro de la estructura de la Secretaría de Bienestar y su tarea principal será bajar los recursos para los programas sociales y estar pendientes de la aplicación de esos recursos en los estados.
Por el momento pareciera que la disputa política tiene origen en el control de los millonarios recursos públicos, más que en la llamada defensa del federalismo. Y es que quizá puede significar una verdadera vigilancia en el ejercicio y aplicación del dinero del pueblo.
Los errores fueron míos, los aciertos de Dios, sonría, sonría y sea feliz
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