Alejandro Mendoza
Los resultados de la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) favorecieron al proyecto propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador: rehabilitar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, en el Estado de México, y construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía, también en ese estado.
Como consecuencia, la luna de miel de Andrés Manuel López Obrador con los inversionistas se frenó en seco 33 días antes de que asuma la presidencia mexicana. Su decisión de descartar un proyecto aeroportuario de 13 mil millones de dólares cuando asuma el cargo en diciembre próximo hizo que los mercados cayeran en picada.
El peso se hundió un 3.5 por ciento para llegar a 20 por dólar, el mercado de acciones perdió más de 17 mil millones de dólares en valor y JPMorgan Chase recortó su proyección de crecimiento económico para México en 2019, señalando que es probable que ahora el banco central tenga que elevar las tasas de interés para reducir la fuga de capitales.
En este contexto, resulta interesante abordar el tema de la gestión y política pública, desde la perspectiva de la participación ciudadana, como parte de un ejercicio de prospectiva en el escenario que López Obrador recurra a ese instrumento para justificar la toma de decisiones polémicas durante lo que será su gobierno. En tal sentido se tomará como referencia la investigación sobre este asunto que hizo Ana Díaz Aldret, profesora-investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
En sus consideraciones finales resume que, en la democracia, los gobiernos están obligados a rendir cuentas y a gobernar no sólo con eficiencia, sino con transparencia y atendiendo a las necesidades, demandas y aspiraciones de los ciudadanos. Su éxito y su estabilidad dependen en buena medida de que la definición de opciones y agendas de gobierno se lleve a cabo con eficacia y legitimidad.
Desde hace por lo menos cincuenta años, ofrecer vías para que los ciudadanos participen en la hechura de las políticas y en algunas actividades de gobierno se ha presentado como una estrategia para generar proximidad, interlocución y colaboración con actores extra gubernamentales y con la ciudadanía en general.
La tesis que ha desarrollado Díaz es que la participación ciudadana se suele ver como un fin en sí mismo y, en consecuencia, se tiende a incorporar algún mecanismo como un consejo o algún proceso participativo como una consulta como parte del diseño de la política.
Para que la participación sea un instrumento útil, el diseño de los elementos participativos requiere un enfoque técnico-analítico al igual que sucede con el resto de los dispositivos y procesos de una política pública.
En el diseño, ejecución y evaluación de la oferta participativa que los gobiernos hacen a la ciudadanía, hace falta considerar los efectos que se busca producir y precisar los objetivos que se quieren lograr mediante la participación.
Desde una perspectiva de gestión pública, la participación ciudadana no debiera ser un fin en sí mismo. No basta con incorporarla para cumplir una exigencia democrática y esperar que por sí sola arroje resultados que enriquezcan el diseño de la política en su conjunto o que abone automáticamente a su legitimidad.
Muchas veces se incorporan elementos o procesos participativos con el fin de legitimar decisiones ya tomadas; en esos casos los mecanismos para activarla se simplifican o se reproducen sin mayores ajustes en distintas áreas de política y en diferentes contextos. Lo paradójico es que para que la participación contribuya verdaderamente a la legitimidad de las políticas y programas gubernamentales, debe ser efectiva y traducirse en algún grado de incidencia para los ciudadanos.
Los diversos mecanismos tienen características que abren distintas posibilidades de incidencia; no tiene el mismo impacto un mecanismo consultivo, que uno que sirve para construir alternativas de solución mediante la deliberación.
No hay nada que haga más daño a la participación, que usarla como una simulación, o pensar que se pueden aplicar fórmulas estándar sin tomar en cuenta los objetivos, las diversas etapas del ciclo de la política y las particularidades de las diferentes áreas de política o de los distintos problemas a resolver.
Tanto cuando se simulan, como cuando no se diseñan racional y estratégicamente, los procesos participativos no logran sino abonar al escepticismo de los funcionarios públicos y a la desconfianza de la ciudadanía.
Hoy en día concebimos a la participación ciudadana como un elemento esencial de la hechura de las políticas públicas, pero su eficacia depende de que se comprenda su carácter instrumental y técnico de modo que, al activarla desde el gobierno, cada actor contribuya según sus condiciones y de acuerdo con las necesidades específicas del problema público a resolver.
Los errores fueron míos, los aciertos de Dios, sonría, sonría y sea feliz
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