* Los morenistas pedían que Jorge Zuriel de los Santos explicara la situación de una mansión de $10 millones que habría comprado en una exclusiva zona de Acapulco
* Dichas fracciones consideraron que “no se podía llamar al fiscal a comparecer sólo por una nota informativa, además, lo que se publicó en el diario ‘Reforma’ “sólo era un supuesto” y nada concreto
Carlos Navarrete
Los grupos parlamentarios del PRI, PRD y sus aliados, se sumaron para evitar que se resolviera como asunto de urgente y obvia resolución la propuesta de Morena, de llamar a comparecer al fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, para que explique la situación de un inmueble de 10 millones de pesos que presuntamente adquirió en una zona exclusiva del puerto de Acapulco.
En la sesión del Congreso local que se celebró ayer, el diputado Arturo Martínez Núñez, subió a tribuna a nombre de la fracción de Morena, para abordar ese caso, que se dio a conocer el miércoles en el periódico ‘Reforma’.
La versión de ese medio nacional establece que, pese a llevar apenas cuatro meses como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos compró una casa en la zona residencial La Cima, por un monto de diez millones de pesos, cuando su salario mensual es de apenas 80 mil pesos.
Martínez Núñez aseguró que lo publicado por ‘Reforma’ resulta relevante, toda vez que la posibilidad de que el fiscal haya adquirido ese inmueble no se adecua a la condición de un servidor público de alto rango que está obligado a conducirse en el desempeño de sus funciones con transparencia y probidad.
Ante esa situación, propuso que el Congreso local cite a comparecer a De los Santos Barrila el próximo 11 de septiembre, para que aclare esa situación e informe si realmente adquirió el inmueble.
“No obstante lo anterior, en tanto responde a un hecho concreto que requiere atención inmediata, no se excluye ni limita la necesidad imperiosa de llamar en su momento a comparecer al Titular de la Fiscalía ante este Honorable Congreso, para que informe del estado que guarda la institución a su cargo, atendiendo al grave problema de impunidad que cuestiona el ejercicio de una estricta y pronta procuración de justicia”, expresó en tribuna.
La propuesta planteaba ser resuelta como un asunto de urgente y obvia resolución, a fin de que se votara ayer mismo por el pleno, sin embargo la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que para ello es necesario contar con el aval de las dos terceras partes del pleno: 31 diputados.
La propuesta recibió 25 votos a favor (24 de Morena y uno del PT) y 21 en contra (del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PVEM y PAN), por lo que se turnó a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.
El debate
Antes de determinar si la propuesta se resolvía en ese momento o se turnaba a comisiones, los diputados del PRI y Morena sostuvieron un breve debate, los primeros argumentando su voto en contra y los segundos a favor.
El primero en subir a tribuna fue Jorge Salgado Parra, del PRI, quien consideró que no se podía llamar al fiscal a comparecer sólo por una nota informativa, además dijo que lo que se publicó en el diario Reforma sólo era un supuesto y nada concreto.
Además, recordó que ya existen instancias responsables de evaluar el comportamiento de los servidores públicos en cuanto al manejo de las finanzas de sus dependencias, como la Auditoría Superior del Estado (ASE).
También dijo que en la propuesta Morena no especificaba ante qué órgano del Congreso se citaría a comparecer al fiscal, ni el esquema que se empelaría para ello.
“Esto ni siquiera debería ser tema en el pleno de este Congreso, en virtud de que, es cierto, el Congreso tiene plenos conocimientos de fiscalización, pero también lo es que tenemos un organismo auxiliar autónomo, como la Auditoría Superior que puede y tiene la obligación de investigar esos temas”.
Salgado Parra indicó que no se debe lesionar la calidad moral de un servidor público con “supuestos”, y manifestó que hay temas de mayor interés que podrían abordarse con el fiscal.
“Sí se puede llamar a comparecer, lo dice la Constitución, pero creo que hay asuntos más importantes de la competencia del fiscal que citarlo para venir a comparecer en estos temas, no podemos basarnos en supuestos o presunciones para citarlo”.
Para responderle, subió a tribuna la diputada de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, quien explicó que la comparecencia es una oportunidad para que el fiscal exponga su versión y aclare los señalamientos que se le hicieron en un medio nacional.
Aprovechó su intervención para manifestar que en la comparecencia el fiscal también rinda cuentas respecto al trabajo que ha realizado frente a la FGE, pues afirmó que la justicia está lejos de ser alcanzada en las zonas marginadas de la entidad.
Como ejemplo, refirió los ataques que sufrió la Policía Estatal Rural la mañana del miércoles en comunidades de la sierra de Eduardo Neri y Leonardo Bravo, hechos que dejaron un saldo de cinco policías lesionados y uno muerto.
“A los diputados no nos eligieron para quedarnos callados, tenemos que ser la voz del pueblo de Guerrero. Quiero decirles que nuestro estado enfrenta retos de pobreza, marginación y falta de oportunidades, las cuales abren las puertas para la violencia y lo vemos todos los días penetrando más en nuestros pueblos y comunidades”.
Posteriormente, subió el diputado Omar Jalil Flores Majul, quien dijo que el PRI promueve el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas, por lo que no se oponen a que el fiscal acuda ante el Congreso a comparecer por el tema de la residencia.
“Es parte del contrapeso, de la división de poderes, y esa es nuestra función, pero lo que me parece delicado, y que esta soberanía debe cuidar, que por una señal o noticia mediática o de fácil aplauso, establecer nuestra agenda legislativa. Que quede claro, es importante que los funcionarios rindan cuentas, lo que no considero adecuado es utilizar este mecanismo, ya que este poder legislativo debe tener certeza jurídica para hacer un señalamiento de esta índole”.
El último en intervenir fue Arturo Martínez, quien expresó que no es menor que el fiscal sea señalado de adquirir un inmueble de millones de pesos, y aclaró que no es el grupo parlamentario quien lo acusa.
“Nosotros estamos pidiendo que él venga a aclarar y venga a ejercer su derecho a la defensa. No estamos con un espíritu inquisitorio, estamos atendiendo a una nueva realidad, emanada de las urnas el pasado 1 de julio”.
Finalmente, dijo que la intención de citarlo a comparecer es comprobar que el titular de la FGE no tiene “ni una pequeñita sombra de duda sobre su probidad”.