* El ex procurador de Justicia dijo que “hay una línea de investigación” por la muerte de dos estudiantes en la Autopista del Sol, en diciembre de 2011, que apunta a los elementos de la Policía Federal
Alondra García
El ex titular de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alberto López Rosas, solicitó al Congreso de Guerrero que declare el sobreseimiento del juicio político instaurado en su contra por el desalojo violento a la Autopista del Sol ocurrido el 12 de diciembre de 2011, durante el cual fueron asesinados dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, por lo que también consideró necesario que una Comisión de la Verdad investigue y aclare este caso.
En conferencia de prensa, recordó que el juicio fue promovido por Yolanda Leticia Escandón Carrillo, Jorge Luis Martínez Díaz y Andrés Quezada Garza, quienes falsamente dijeron ser representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La solicitud fue presentada el 18 de septiembre de 2012 ante la LX Legislatura del Congreso del Estado y radicada el 4 de octubre del mismo año, sin que hasta el momento se haya emitido una resolución.
“En tal consideración debe declararse el sobreseimiento de esta queja y en tal sentido declarar sin materia la misma, al operar también la caducidad por falta de impulso procesal”, se lee en la solicitud que López Rosas entregó este miércoles al diputado Iván Pachuca Domínguez, presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado.
Además, López Rosas señala que han transcurrido casi seis años desde que se presentó la denuncia en su contra, por lo que ya estaría caduco de acuerdo con la legislación.
Señaló que el procedimiento en el Juicio Político señala que éste solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones, mientras que las sanciones tendrían que aplicarse en un plazo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
Además, argumentó que la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero establece en su artículo 154 que “las facultades para imponer las sanciones que esta ley prevé”, caducan en plazos de uno a tres años.
Pedirá Comisión de la Verdad
Durante la conferencia, López Rosas expresó que en la vida política es indispensable cerrar ciclos y superar situaciones adversas, por lo que tiene el interés de que se aclare lo que sucedió el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, ya que Guerrero no puede mantenerse en la impunidad.
Por eso anticipó: “Voy a presentar al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuando ya asuma su responsabilidad, que este asunto se reabra para abatir la impunidad que aún existe (…). Vamos a solicitar al gobierno federal que constituya una Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa 2011, para que la impunidad quede desterrada completamente de Guerrero”.
Afirmó que debe esclarecerse plenamente lo ocurrido el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, cuando murieron abatidos los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y no solamente la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en Iguala el 16 de septiembre de 2014.
López Rosas insistió en que la denuncia que existe en su contra es producto de una manipulación propiciada por el ex presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, y por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.
Aseguró que a partir de la manipulación que supuestamente hubo entre la CNDH y la CNSP se registró la detención de varios servidores públicos de la ex PGJE y él enfrentó dos procesos penales de los que salió bien librado.
Insistió en que, el día de los hechos, cuando los elementos de la Policía Ministerial llegaron al lugar donde ocurrió el desalojo de los normalistas, se presume que los estudiantes Gabriel Echeverría y Alexis Herrera ya estaban muertos, incluso ya se había generado el incendio en la gasolinera Eva, donde resultó gravemente herido Gonzalo Rivas Cámara, quien murió en los primeros días de enero siguiente.
En todo caso, refirió que existe un “eslabón perdido”, ya que hasta el momento no se ha tocado a la Policía Federal (PF), que al parecer fue la primera en llegar al punto en que se manifestaban los estudiantes cerrando la carretera.
“Hay una línea de investigación que no escaló, que no se investigó y la propia autoridad sabrá cuál es eslabón perdido que se tiene que retomar”, apuntó.