* El Centro Morelos denunció las amenazas que sido objeto los desplazados de la comunidad de Puerto Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán

 

JESÚS SAAVEDRA

 

Desplazados de la comunidad de Puerto Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, denunciaron haber recibido amenazas de muerte el sábado pasado y pidieron que se tomen las medidas pertinentes ante un posible ataque armado.

En total fueron unas 45 familias de esa comunidad y de La Laguna las que fueron desplazadas a consecuencia de la violencia extrema provocada por grupos del crimen organizado.

Tras esos hechos los desplazados fueron reubicados en las comunidades de La Unión y Tepango, municipio de Ayutla.

En julio del 2013 un grupo de sicarios incursionó en esas comunidades para agredir a los desplazados y fueron repelidos a tiros, lo que provocó que dos de los agresores cayeran abatidos.

Este miércoles, a través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” denunció que esos desplazados recibieron amenazas de muerte vía mensajes de texto el pasado sábado y pidieron la intervención de las autoridades estatales.

Señalaron que esas amenazas fueron hechas luego que el viernes funcionarios de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del gobierno del estado y de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (CEDH) realizaran una visita a estas familias desplazadas para escuchar sus demandas.

Señalaron que los mensajes de texto contenían amenazas de muerte, “ora pues ay luego tu eres hijo de jildardo diaz Verdad, tienes los días contados” (sic).

Señalaron que eso “ha puesto en alerta a los refugiados que viven en La Unión y Tepango” y por ello han solicitado a la CEDH “que se sensibilice y actué conforme lo marca su reglamento interno y conforme a la ley general para la prevención y atención del desplazamiento forzado interno”.

Demandan en ese sentido “medidas cautelares para garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal” y dijeron que estarán a la espera de la respuesta de la CEDH y de las autoridades estatales.