* Julio Hernández advirtió que cuando él notifique al TEPJF la decisión de los diputados de Guerrero, el órgano jurisdiccional podría ejercer acción legal en su contra
Alondra García
El bufete de abogados Hernández-Pliego, encargado de la defensa del alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, solicitará a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que asuma la jurisdicción del Congreso de Guerrero y lo reinstale en su cargo y funciones.
Vía telefónica, el abogado Julio Hernández Barros aseveró que los diputados desacataron la resolución emitida el pasado 5 de abril por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el expediente SCM-JDC-94/2018, cuyo efecto tenía la restitución de Leyva Mena en la alcaldía capitalina a más tardar este martes 10 de abril.
Por ello, indicó que el miércoles notificará a la Sala Regional del TEPJF sobre este desacato y le solicitará que tome la jurisdicción del Congreso de Guerrero, para que sea este órgano judicial el que lo reinstale en la alcaldía de Chilpancingo.
Hernández Barros explicó que el desacato a la resolución del TEPJF no solo es una violación a los derechos humanos de Leyva Mena y del electorado, sino también “un hecho delictivo y poco respetuoso de las instituciones y del Estado de Derecho de nuestro país”.
“Al Congreso de Guerrero le tuvo totalmente sin importancia lo exigido por el Tribunal. Esto lo que demuestra es que el Congreso tiene un gran desprecio por el Tribunal Federal Electoral, por la Constitución del país, por la Constitución de Guerrero y por las leyes. Lo que a mí me deja entrever todo esto es el gran desprecio que tiene Legislativo por el Estado de Derecho y la poca visión jurídica que tiene, privilegiando el hígado”, aseveró.
El abogado defensor de Leyva Mena advirtió que, al parecer, los diputados “traen un problema personal” contra el priísta y ese es el motivo por el que le niegan su derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido en las urnas por el electorado.
Argumentó que “antepusieron ese problema personal. No sé por qué lo tengan, desconozco los motivos. Pero sí trasciende que es una cuestión personal que ponen por encima, incluso, de las leyes y de las instrucciones de los tribunales más altos que tiene nuestro país. Eso a mí hasta escalofrío me da, porque como ciudadano yo no quisiera tener un Congreso que violenta el Estado de Derecho”.
Advirtió que una vez que le notifique a la Sala Regional del TEPJF sobre el desacato del Congreso de Guerrero, éste terminará por destituir a los legisladores locales y ejercitará acción penal contra ellos ante las autoridades federales.
Destacó que en estos casos, el TEPJF “ni siquiera tiene que darle vista al Ministerio Público como en otros casos”, ya que el desacato es la única excepción legal bajo la que un tribunal puede ejecutar la acción penal.
Otro escenario posible, indicó, es que el asunto se atienda con la suficiente rapidez por el Legislativo y que en la sesión plenaria del jueves se reinstale a Marco Antonio Leyva Mena en la alcaldía.
Eso podría ser visto por el TEPJF como “un buen gesto” y evitaría, quizás, una actuación contra los legisladores locales.