* El priísta Samuel Reséndiz advirtió que si “pueden encuadrar en delitos del orden penal o civil” esas irregularidades, la ASE tendrá que proceder por la vía legal
Rosario García
La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Congreso del Estado reveló que la Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró irregularidades financieras en las auditorías aplicadas a los ejercicios fiscales 2015 y 2016, correspondientes al periodo del alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena.
Así lo confirmó el diputado Samuel Reséndiz Peñaloza, presidente de esa comisión, quien no dio a conocer los montos observados por el órgano auditor, pero advirtió que aún hay recursos económicos por comprobar por parte de Leyva Mena.
Sobre la sustracción de documentos oficiales de la administración municipal delito por el cual la ASE habría presentado ya una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado, el diputado prefirió llamarla en “palabras coloquiales robar”.
También explicó que continúa el proceso de análisis de las irregularidades financieras detectadas durante el ejercicio fiscal 2015-2016 en el gobierno de Leyva Mena, pero advirtió que si “pueden encuadrar en delitos del orden penal o civil”, se tendrá que actuar en consecuencia por parte de la ASE.
Cabe mencionar que empresarios, organizaciones civiles y el propio secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, Joel Eugenio Flores, han solicitado la aplicación de la auditoría al periodo 2015 y 2016 de Leyva Mena, y a los solicitantes se les entregará la información de los resultados de la fiscalización.
Dichos resultados no se harán saber a la sociedad en general hasta que concluya el proceso de solventación del ejercicio 2016. Sobre el particular, el titular de la ASE, Alfonso Damián Peralta, dijo que Leyva Mena no ha solventado el ejercicio de por lo menos 61 millones del presupuesto de ese año.
En torno al ejercicio fiscal 2017, Samuel Reséndiz adelantó que la ley establece que se debe iniciar la fiscalización de los recursos después de entregar la cuenta pública y, en este caso, el plazo vence el próximo 26 de febrero.