Del “Figueroazo” al ayotzinapazo

 

Felipe Victoria

 

La historia del que fuera feudo de la familia Figueroa de Huitzuco durante prácticamente todo el Siglo XX, justo hace ya 22 años, aquella lluviosa mañana del miércoles 28 de junio de 1995, cambió fatalmente.

Policías motorizados del gobierno estatal, cansados y mal pasados de varios días en acción, esperaban nerviosos la llegada de vehículos “con guerrilleros”, que según sus informes de inteligencia se dirigían a tomar e incendiarle el palacio municipal de Atoyac a la alcaldesa perredista María de la Luz Núñez Ramos, a quien el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer intentó “proteger”.

El 3 de mayo anterior en Tepetixtla, junto con el General Enrique Tomás Salgado Cordero, comandante de la IX Región Militar, lo habían amenazado con desatarle la guerrilla y estaban en alerta.

Imparcialmente transcribo lo que Wikipedia registra en el Internet:

“La Masacre de Aguas Blancas fue un crimen de Estado cometido por la policía del estado mexicano de Guerrero en el vado de Aguas Blancas (municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande)”.

“En este lugar, el 28 de junio de 1995, agentes del agrupamiento motorizado de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin político que demandaba la liberación de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido un mes anterior y nunca más visto, en la población de Atoyac de Álvarez (región de la Costa Grande), lo que resultó en 17 campesinos muertos y 21 heridos. El movimiento también demandaba acceso al agua potable, escuelas, hospitales y caminos”.

“El Gobierno del Estado de Guerrero sabía de las posibles consecuencias de esta masacre, por ello inició una campaña de desarme en los municipios de la Costa Grande de Guerrero, principalmente en el municipio de Coyuca de Benítez”.

“Aunado a lo anterior, se dieron a conocer las imágenes videograbadas por los mismos manifestantes en el momento en que fueron atacados. El crimen provocó protestas y el surgimiento de grupos armados como el EPR, que hizo su aparición cuando se conmemoraba el primer año de la masacre. Por esta masacre sólo se consignó a 10 policías por homicidio y abuso de autoridad”.

Curiosamente, entre tantos periodistas del estado, únicamente se publicaron dos obras: la del ilustre profesor Alejandro Martínez Carvajal y otra auspiciada por EDAMEX, de Octavio Colmenares Vargas, escrita por mí.

Las versiones tergiversadas de las autoridades sembrándole armas a campesinos acribillados en el retén policiaco del Vado de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez, dieron al traste con la carrera política de Rubén Figueroa Alcocer, que fiel a su estilo personal no escuchaba consejos y se le ocurrió ser él quien diera la primer versión de los hechos ante los medios nacionales.

Supongo que algunos de sus cercanos colaboradores “de más confianza” lo engañaron con la versión editada en RTG, para sustentar una grave mentira que tendría demasiadas consecuencias.

Por casi nueve meses Guerrero y la masacre de Aguas Blancas fueron noticia mundial; la entusiasta CNDH que presidía Jorge Madrazo Cuéllar, secundado por Luis Raúl González Pérez, investigaron minuciosamente y emitieron la recomendación 104/95, para que se creara una Fiscalía Especial y hacer las consignaciones procedentes.

Desfilaron en ese cargo primero Adrián Vega Cornejo y después Miguel Ángel García Domínguez, que botó el arpa y entonces llegó  Alejandro Oscar Varela Vidales, con un equipo de expertos como el comandante Francisco Antonio Botello Vizcarra, a quienes la poderosa cadena televisora, cuyo magnate Emilio Azcárraga Milmo, traía pleito personal con Figueroa Alcocer, jamás quiso poner a disposición el video original de la masacre que consiguió el periodista Ricardo Rocha y exhibió en su programa “Detrás de la Noticia”, para darle la puntilla al gobernador.

El presidente Zedillo trató de aguantar en el cargo a su compadre Figueroa e inusitadamente dio intervención a la Suprema Corte de Justicia para reinvestigar el asunto, pero sus ministros, aunque no   encontraron indicios para inculpar directamente al gobernador de ordenar la masacre, si dictaminaron que en Guerrero se violaban las garantías individuales cotidianamente y con eso bastó.

En Bucareli Emilio Chuayffet Chemor se encargó de presionar al gobernador Figueroa para que solicitara licencia definitiva separándose del cargo, pero lo dejaron escoger sustituto.

El 12 de marzo de 1996, en Chilpancingo, el Congreso por voz de César Flores Maldonado designó al economista Ángel Heladio Aguirre Rivero como gobernador interino  sustituto; pero de inmediato se negó a obedecer al defenestrado antecesor, naciendo así una grave enemistad que tuvo sofisticado desquite en septiembre y octubre de 2014 por la masacre de los “desaparecidos” ladrones de drogas en Iguala, normalistas vándalos de Ayotzinapa.

Más que nunca es necesario que nuestra gente conozca o recuerde la historia reciente, para explicarnos por qué andan así las cosas en el  complicado entorno en que gobierna Héctor Antonio Astudillo Flores, en que por las malas y amafiados con el narco en cartelitos regionales algunos grandes caciques se disputan el poder real del feudo sureño, tan productivo en amapola y marihuana y por eso no se logra la paz ni el orden.

¿Cuándo ocurrirá la próxima masacre de consecuencias?