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jueves, 6 octubre , 2022

Averígüelo Vargas – Enrique Vargas

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Debe exigir el PRI castigar al perredista que mató al priista comisario electo.— Aprueba el cabildo de Chilpancingo el presupuesto de 723 millones de pesos.— Con más deuda quiere alcalde de Iguala financiar obras.— El auditor estatal, Alfonso Damián, fue integrado al Sistema Nacional de Fiscalización

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Enrique Vargas

 

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En la actual etapa de elección de comisarios en las comunidades de Acapulco se han dado una serie de problemas provocados por los grupos violentos que maneja el alcalde perredista Evodio Velázquez Aguirre, lo que derivó este domingo en el asesinato del abanderado del PRI en la comunidad Kilómetro 21, Juan Valadez Cisneros, a manos de Vinicio Vinalay, hijo de la perredista Antonia Vinalay, quien competía por esa comisaría, donde ya se le daba por derrotada.

La elección ya había terminado y el recuento de los votos favorecía al priista, quien fue agredido por la perredista que perdió la elección, lo que muestra que algunos de los dirigentes de grupos del PRD acuden armados a esos eventos políticos que deberían caracterizarse por ser una competencia limpia y respetuosa.

Evodio Velázquez no ordenó tampoco el despliegue necesario de policías para evitar esos hechos violentos.

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El dirigente priista estatal Heriberto Huicochea Vázquez, dijo que ese hecho lamentable es consecuencia del mal gobierno porteño, por el desaseo con que se manejaron estas elecciones y la irresponsabilidad que mostró en todas las ocasiones precedentes.

Está claro que en su afán por ganar el mayor número posible de comisarías, el mal edil porteño hizo uso de todos los recursos ilegales y las mañas, para tratar de ganar la mayoría, y en los casos que pierden sus seguidores recurren a la violencia, que ahora llegó hasta el asesinato de quien había ganado la contienda, a manos del hijo de la perdedora.

Por eso, ya desde su origen, al PRD se le llamó el partido de la sangre y la violencia, lo que nuevamente confirma.

APRUEBA EL CABILDO DE CHILPANCINGO EL PRESUPUESTO DE 723 MILLONES DE PESOS.— El Cabildo de Chilpancingo, que preside Marco Antonio Leyva Mena, aprobó el presupuesto anual de 723.2 millones de pesos, de los cuales, un 70 por ciento, 496.8 millones se destinan al pago de salarios; 162.3 millones para el Fondo de Infraestructura Social, que incluye 74 millones para agua, 9.5 millones para educación, 7.5 millones para salud y 31.5 millones para urbanización.

También se destinan 22.3 millones de pesos, para compra de materiales y suministros, y 13.1 millones para servicios generales, que incluyen luz, agua, gas y gastos administrativos diversos.

En cuanto a la procedencia de los 723 millones de pesos, se informa que el ayuntamiento tiene ingresos propios por 78 millones de pesos, que representan apenas poco más del 10 por ciento del total, por lo que se completa con 235 millones de pesos de participaciones federales, más 322 millones del Ramo 33, para obras públicas, otras aportaciones del gobierno estatal por 4 millones de pesos y 83 millones más de comisiones federales.

Hay quienes critican que del presupuesto municipal se destine el 70 por ciento a los salarios de los trabajadores y funcionarios, pero en realidad en un medio como el capitalino y el estado de Guerrero, la burocracia representa una gran ayuda, porque permite que muchas familias tengan un ingreso fijo para cubrir sus necesidades básicas.

Destinar recursos suficientes a los salarios debe ser visto como un programa prioritario, porque lo primero es el empleo, pues su carencia genera malas conductas sociales que caen en la ilegalidad.

La partida más importante para el desarrollo de obras públicas es la del Ramo 33, que es entregada por el gobierno federal directamente a los municipios y está debidamente definida, y no pueden desviarse para pagar otras necesidades; sólo pueden usarse en las acciones expresamente señaladas.

El gobierno capitalino ha evitado recurrir al endeudamiento público. Sólo tiene deudas por 15 millones de pesos, que corresponden al nivel económico del municipio.

El gobierno de Marco Leyva se desarrolla con regularidad y aplica los recursos disponibles con cuidado y responsabilidad, para avanzar en el mejoramiento de la capital y sus comunidades.

Por eso mejoran las condiciones de la ciudad y sus comunidades; eleva y mejora la condición de capital del estado, y cuando deba entregar, dejará una administración limpia, saneada y en las mejores condiciones posibles para el municipio capitalino.

CON MÁS DEUDA QUIERE ALCALDE DE IGUALA FINANCIAR OBRAS.— Otra es la percepción del caso de Iguala, donde el alcalde Herón Delgado Castañeda, insiste en pedir prestados 24 millones de pesos, para hacer más obras, dice, aunque pueden ser menos, pues no sólo se paga la deuda, sino una buena cantidad de intereses bancarios, que no son baratos.

La mala práctica de endeudarse se muestra en Acapulco, donde Evodio Velázquez Aguirre, se brincó al Congreso del Estado para endeudar al municipio con 158 millones de pesos que impuso hace meses y de los que no se supo nunca dónde fueron a dar, en qué se aplicaron y cómo se están pagando, pues todo es opacidad.

El gobierno perredista del puerto ya fue señalado por la Secretaría de Hacienda como uno de los peores en el país, por la mala y escasa información que proporciona sobre la aplicación del presupuesto y la falta de transparencia y claridad.

Ahora el edil igualteco, Herón Delgado, se va tras la deuda pública para obras, aunque tiene presupuestados los recursos necesarios para hacerlas.

Chilpancingo tiene una deuda de sólo 15 millones de pesos y es un municipio mayor que Iguala, que con una deuda de 24 millones, más lo que adeuda, superará a la capital, sólo para lucimiento del edil, pero el municipio pagará capital e intereses sobre el presupuesto municipal.

Además, Herón no cumple los compromisos que hace, y si eso piensa hacer con la deuda, va a dejar a Iguala en malas condiciones.

EL AUDITOR ESTATAL, ALFONSO DAMIÁN, FUE INTEGRADO AL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN.— El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, y la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, designaron al auditor general de Guerrero, Alfonso Damián Peralta, como integrante del Grupo de Trabajo sobre Transparencia del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).

Se trata de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país y fueron agregados representantes de Guanajuato y Oaxaca.

Es parte de los nuevos mecanismos y esquemas que surgen de las leyes anticorrupción que han sido incorporadas recientemente al sistema nacional para el buen manejo de los recursos públicos.

Con la incorporación de Damián Peralta a estos organismos, podrá trabajar muy de cerca con el Auditor Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública, lo que favorecerá los procedimientos en materia de rendición de cuentas.

Es resultado también del buen desempeño que ha tenido Alfonso Damián al frente de la Auditoría del Estado, que ha manejado con transparencia y exacto cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, lo que anteriormente dejaba mucho que desear.

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