* Manuel Vicente, gobernante de Cartagena de Indias, fue suspendido horas después de firmar con el primer edil perredista porteño el hermanamiento de Acapulco y esa ciudad colombiana

 

ALONDRA GARCÍA / ANA LILIA TORRES

El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, viajó hasta Colombia para hermanar al puerto con la ciudad de Cartagena de Indias, cuyo alcalde Manuel Vicente Duque, fue suspendido horas después para ser investigado por su presunta responsabilidad en el desplome de un edificio que dejó 21 muertos en esa ciudad colombiana.
El lunes 15 de mayo, Velázquez Aguirre arrancó una gira de trabajo en ese país sudamericano con una visita al jefe de la oficina de Planeación de la Policía Nacional de aquel país, Fabián Laurence Cárdenas Leonel.
De acuerdo con un comunicado difundido por el ayuntamiento de Acapulco, se lograron “acuerdos de colaboración para intercambiar experiencias y casos de éxito en materia de seguridad”.
Sin embargo, esto fue duramente criticado en las redes sociales bajo el argumento de que Acapulco, el municipio que gobierno el perredista, no tiene “casos de éxito en materia de seguridad”, pues se ha convertido en la ciudad más violenta del país y la segunda más violenta del mundo.
Después, Evodio Velázquez viajó a la ciudad de Cartagena de Indias, donde se reunió con el alcalde Manuel Vicente Duque. Ambos gobernantes firmaron un convenio para hermanar las ciudades a las que gobiernan.
Sin embargo, horas después del acto protocolario, Vicente Duque fue suspendido de su cargo como alcalde de manera provisional, una acción que fue ordenada por la Procuraduría de Colombia, mientras se investigan las presuntas irregularidades en el control a las construcciones de la ciudad de Cartagena.
La polémica por corrupción de la autoridad municipal en la expedición irregular de permisos de construcción surgió tras el desplome del edificio Blas de Lezo II, el pasado 27 de abril.
El edificio aun se encontraba en construcción y al venirse abajo los obreros no tuvieron tiempo de salir. La tragedia dejó un saldo de 21 muertos.
Este hecho llevó a la Procuraduría a abrir la investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades en el seguimiento y control a las construcciones de la ciudad.
La Fiscalía General de la Nación también abrió el pasado 29 de abril una investigación al alcalde Vicente Duque para profundizar “en las acciones que ha tomado para evitar las construcciones ilegales” en esa ciudad caribeña del norte de Colombia.
Por otra parte, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa decidió también suspender provisionalmente e investigar a la alcaldesa de la localidad Industrial y de la Bahía que forma parte de Cartagena, Patricia Zapata Negrete, y a Alfonso Ramos de León, inspector de la Comuna 12 de la ciudad.
La investigación cubre además a Luz Elena Paternina Mora, secretaria de Planeación de Cartagena; Olimpo de Jesús Vergara, director de Control Urbano; Ricardo Javier Castellar Pérez, Gilberto Marrugo Maldonado, y Jorge Luis Cudris Pájaro, técnicos y profesional en la Localidad Industrial y de la Bahía.
“La existencia de 55 construcciones sin licencia que se levantan en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, sustentan la decisión contra el alcalde y de los otros funcionarios. La presunta falta disciplinaria sigue cometiéndose”, expuso la Procuraduría en un comunicado.
Al igual que el alcalde de Cartagena de Indias, Evodio Velázquez Aguirre enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en la asignación y ejecución de obras.
Hace unos días, vecinos y comerciantes de las calles José María Iglesias y La Paz denunciaron que las obras de remodelación realizadas en el zócalo por el alcalde de Acapulco “quedaron inconclusas y mal hechas”.
De acuerdo con un reportaje realizado por la agencia Quadratín, en sus primeros tres meses el gobierno, Velázquez Aguirre asignó de manera irregular más de 32 millones de pesos en obras públicas a seis constructoras y a Valentín Gutiérrez Texta, dirigente en la Costa Grande de la corriente Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG) del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El alcalde porteño también enfrenta una demanda interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los tres diputados que integran la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado.
Los legisladores lo acusaron por los delitos “contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ejercicio indebido del Servicio Público y desempeño irregular de la Función Pública”, al considerar que el alcalde perredista mantiene “una sistemática violación a la Ley en que ha incurrido al nombrar mandos policíacos sin certificar”.