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jueves, 19 mayo , 2022

SFP sanciona a exdelegado de la Sedesol en el estado

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* David Vargas fue multado con casi 60 millones de pesos debido a las irregularidades en que incurrió en la reconstrucción de viviendas dañadas por sismos en marzo de 2012

 

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Redacción

 

La Secretaría de la Función Pública informó la inhabilitación de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social que fungió como delegado en Guerrero, por irregularidades detectadas en la fallida reconstrucción de viviendas después de los sismos ocurridos en marzo de 2012 en nuestro estado.

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A través de un comunicado emitido este domingo en la Ciudad de México, la dependencia dio a conocer que la sanción al servidor público –que incluye una multa de casi 60 millones de pesos— es “por provocar daño patrimonial cercano a los 30 millones de pesos”, y aunque la SFP no cita su nombre, el funcionario sancionado es David Vargas Santos, quien fungió como delegado de Sedesol en Guerrero en 2012.

Lo anterior es resultado de las irregularidades cometidas por el servidor público durante las obras de reconstrucción y reparación de viviendas afectadas por los sismos de 2012, que provocaron daños en ambas costas y en la región Centro del estado.

“La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó diversas irregularidades administrativas cometidas por un servidor público adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el estado de Guerrero, durante las obras de reconstrucción y reparación de viviendas dañadas con motivo del sismo y su réplica ocurridos el 20 y 26 de marzo de 2012, que afectó 38 municipios en esa entidad federativa”, precisa el comunicado.

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La SFP reveló que se identificó el pago de trabajos sin que éstos se haubieran ejecutado totalmente, así como la realización de convenios de modificación a diversos contratos de obra pública que carecían de los dictámenes técnicos respectivos, para sustentar la necesidad de su celebración, lo cual provocó un daño patrimonial calculado en 29 millones 744 mil 736.26 pesos.

De esta forma, en el procedimiento administrativo instruido a partir de la investigación de dichas irregularidades, se determinó imponerle al servidor público responsable una inhabilitación por un periodo de diez años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como una sanción económica por la cantidad de 59 millones 489 mil 472.52 pesos.

Cabe señalar que la firmeza de la resolución, está supeditada al resultado de los medios de impugnación que tiene a su alcance el servidor público involucrado. (Con información de API)

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