* Manuel Olivares, director de una ONG, aseguró que en Chilapa se desplegaron miles de militares durante algunas semanas, pero el resto del año “la delincuencia organizada siguió operando, siguió habiendo muertos, desaparecidos”
REDACCIÓN
En Chilapa sigue operando la delincuencia organizada, por lo que para Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el despliegue de miles de militares “siempre ha sido una estrategia fallida de seguridad”.
De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del fuero común publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a diciembre de 2016 se cometieron 85 homicidios dolosos en el municipio de Chilapa.
Sin embargo, la cifra podría duplicarse. El informe no muestra los casos de personas desaparecidas por la delincuencia organizada que, normalmente, son asesinadas y sepultadas en fosas clandestinas.
En el bimestre enero-febrero de este año, el SESNSP registra 15 homicidios dolosos. Para José Díaz Navarro, líder del colectivo Siempre Vivos, la cifra está muy lejana a la realidad.
“Son más”, asegura el activista dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas por la delincuencia organizada.
“Desde el 27 de enero del año pasado se anunció una estrategia de seguridad con la participación de más de 3 mil elementos militares y muchos policías. Pero durante todo el año la delincuencia organizada siguió operando, siguió habiendo muertos, desaparecidos y una forma de ejecutar cada vez más sanguinaria, más violenta”, comentó Manuel Olivares Hernández en entrevista con El Sol de Chilpancingo.
Esta situación, dijo, “resulta preocupante” porque todo indica que la estrategia de seguridad “siempre ha sido fallida”.
Pero las cifras de violencia también revelan otras cosas, según el defensor de derechos humanos.
“Nos indican que existe mucha corrupción en los diferentes niveles de gobierno, porque si no hubiera corrupción, con tanta presencia militar, tanta inteligencia, ya hubieran desarticulado a esos grupos criminales que operan en la región”, consideró el activista.
En cambio, dijo, “se mantiene la desaparición de personas, se mantiene la ejecución de gente, se mantiene la extorsión y se mantiene el cobro de piso”.
También ha incrementado el desplazamiento forzado a causa de la violencia. De acuerdo con Olivares Hernández, paulatinamente han cerrado varios negocios por presiones de la delincuencia.
“A los comerciantes los están presionando para el cobro de piso, el cobro de algún impuesto para la delincuencia organizada”, aseveró.
Y mientras la violencia sube, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón también ve incrementado su trabajo.
Los 97 casos de personas desaparecidas de los que tiene registro este centro “requieren de atención permanente”.
Asimismo, explicó Olivares Hernández, hay que dar seguimiento a todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación en las que tiene coadyuvancia el centro.
Recientemente colaboraron en la toma de muestras de sangre a los familiares de 37 personas desaparecidas, con la intención de contrastar los perfiles de ADN por los restos óseos encontrados en varias fosas clandestinas.
De las 97 personas de las que se desconoce su paradero, Olivares Hernández indicó que desaparecieron entre los años 2012 y 2016.
Sin embargo, reconoció que hay más casos de los que no se tiene averiguación previa “y mucho menos una carpeta de investigación” en la Fiscalía General del Estado.
De la militarización a la que han recurrido las autoridades para aplacar la violencia, señaló que no ha habido resultados.
En cambio, sí existen reportes de abusos cometidos por los militares y policías contra la población civil.
“Estas violaciones a los derechos humanos”, dijo, “van acompañadas de la amenaza de que no deben presentar ninguna denuncia”.
De esta manera, reconoció que los habitantes de Chilapa se encuentran bajo el ataque de las fuerzas de seguridad y de dos grupos criminales que se disputan el control de la zona: Los Rojos y Los Ardillos.
Por si fuera poco, señaló que el surgimiento de una supuesta policía comunitaria en la zona rural ha venido a recrudecer la violencia en este municipio.
“Yo simplemente voy a decir una cosa, nosotros en el 2007 hicimos el intento de crear una policía comunitaria porque ya veíamos venir esta oleada de delincuencia, esta oleada de crímenes, de ejecuciones, de desapariciones. Lo intentamos y no pudimos lograrlo, no encontramos eco, no encontramos respuesta positiva en las comunidades, hicimos muchas reuniones”, recordó el activista.
Por ello, dijo, “es muy sospechoso que de repente aparezca un grupo que se autodenomina policía comunitaria por la paz, cuando sabemos que hay un pleito, una lucha, una guerra por el territorio, una disputa por la plaza y que de repente aparezca una supuesta policía comunitaria y casualmente en un área, en un territorio que sabemos que está dominado, está controlado por un grupo de la delincuencia organizada”.
-¿Tienen algún dato que les confirme el involucramiento de esta policía comunitaria con la delincuencia?, se le preguntó.
-El ejemplo más claro son las cerca de 30 desapariciones que se dieron del 9 al 14 de mayo del año pasado, cuando este grupo de supuestos policías comunitarios tomaron la ciudad de Chilapa y ante la presencia de militares y otras corporaciones policiacas de nivel federal y estatal, este grupo realizó muchas desapariciones, se llevó a muchos jóvenes.
-¿Considera que existe complicidad de las autoridades?
-Es de todos conocido que ningún presidente municipal puede actuar con toda libertad, ningún presidente municipal es autónomo respecto a los grupos de la delincuencia organizada y por eso nosotros insistimos en que existe un co-gobierno entre las autoridades civiles y los grupos de poder fáctico.