* En ese periodo no sólo aumentó de manera alarmante el número de asesinatos de mujeres, sino la saña con la que fueron ultimadas, asegura la representante del Observatorio Hannah Arendt
ALONDRA GARCÍA
Claudia Esmeralda Balanzar Casiano tenía 24 años cuando la mataron. Su asesinato impactó a la sociedad por la saña con que fue cometido: metieron su cabeza en una bolsa y la amarraron para asfixiarla, la torturaron y finalmente le metieron un tiro en el cráneo.
Su cadáver apareció en un basurero de la colonia Progreso del puerto de Acapulco, dentro de un saco de alimento para perro.
Era la mañana del 17 de abril de 2006, llevaba 72 horas de fallecida. La prensa asoció el asesinato de Claudia Balanzar con el modus operandi de la delincuencia organizada.
Fue el primero. Le han seguido cientos.
“A partir de ese caso, el fenómeno fue en aumento”, aseguró la doctora Rosa Icela Ojeda Rivera, feminista y coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de Guerrero ‘Hannah Arendt’.
La mañana de ayer, Ojeda Rivera presentó el Informe de Homicidios Dolosos de Mujeres en Guerrero en el periodo 2005-2015.
Le acompañó Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, una de las principales promotoras de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género para la entidad.
El caso de Claudia Balanzar, de acuerdo con Ojeda Rivera, marcó el punto de inflexión.
No sólo incrementó el número de homicidios dolosos de mujeres. También creció la violencia con que éstos se cometían.
De 1994 a 2004, el Observatorio documentó poco más de 300 homicidios dolosos de mujeres. En la década siguiente, 2005-2015, la cifra subió hasta mil 449.
El número de casos se elevó un 400 por ciento. “Es entonces que los datos nos preocuparon. No sólo era preocupante que hubieran aumentado tanto numéricamente, lo más preocupante fue que las formas de asesinar a las mujeres también se habían modificado”, expuso Ojeda Rivera.
De acuerdo con la especialista, en la década 1994-2004 los homicidios de mujeres eran cometidos por personas conocidas por las víctimas, familiares o parejas sentimentales.
En algunos casos, las mujeres fueron asesinadas por sus exparejas, incluso cuando llevaban años de separación.
A partir de 2005, el modus operandi cambió. Las mujeres ya no eran asesinadas en sus casas. Ahora las mataban en la vía pública o en el peor de los casos, sus cuerpos nunca aparecían.
Esta situación trajo consigo un aumento en los niveles de impunidad. “Ya no se puede saber exactamente quién fue el asesino”, advirtió la especialista.
También aumentó el número de mujeres asesinadas cuya identidad permanece en el anonimato.
“Sus cuerpos se encuentran muchos días o semanas después de ser desaparecidas y asesinadas, en estado de descomposición, lo que hace imposible su reconocimiento por las vías regulares. Al no quedar clara la identidad de las víctimas, también queda en la zona oscura la identidad de los victimarios. Todos estos homicidios quedan en la impunidad y van engrosando los números negros”, lamentó Ojeda Rivera.
Otra modalidad, señaló, es que los cuerpos de las mujeres son encontrados al poco tiempo de ser asesinadas porque sus agresores se encargaron de “borrar su identidad”.
Los métodos que han sido empleados en Guerrero, según documentó Ojeda Rivera en el informe, fueron lapidación, balazos o puñaladas en el rostro.
Si las autoridades no preservan la ropa y los pocos elementos de identidad de la víctima, advirtió la ponente, es difícil acceder a un ejercicio de identificación y las mujeres permanecen en calidad de desconocidas.
En el informe, el Observatorio documentó, caso por caso, la hora, día y lugar en que fueron halladas las mujeres asesinadas en Guerrero cuya identidad aún es desconocida.
La labor que ahora toca a las autoridades, señaló Ojeda Rivera, es cruzar las cifras de mujeres desaparecidas en Guerrero con las que han sido asesinadas y permanecen en el anonimato.
Sobre el nuevo modus operandi para matar mujeres en Guerrero, indicó que las víctimas primeramente son privadas de la libertad.
En algunos casos, los plagiarios pidieron el pago de un rescate a los familiares. Sin embargo, las mujeres fueron asesinadas a pesar de entregar el dinero.
“Las primeras 24 horas de desaparición son fundamentales. Si no se hace la denuncia y no se encuentra a la víctima en las primeras 72 horas, lo más probable es que aparezca asesinada e incluso con pocas posibilidades de ser identificada”, expuso.
En muchos de los casos, las mujeres fueron torturadas y violentadas sexualmente antes de ser asesinadas.
El incremento de los homicidios dolosos contra mujeres vino aparejado con la “Guerra contra el narco” que inició el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Desde entonces, no solo fueron asesinadas, sino que también surgieron nuevos métodos, como el desmembramiento y exhibición de sus cuerpos en la vía pública, lo que ha sido publicado en los medios de comunicación, re victimizándolas aún después de muertas, considera el informe.
En muchos casos, las mujeres fueron asesinadas por celos. En El Ocotito, una mujer fue asesinada a balazos por su esposo, un policía, quien le disparó porque ella compró una televisión sin consultarle.
Otro caso que expuso fue el de un hombre que asesinó a machetazos a su esposa porque se negó a prepararle de comer cuando llegó borracho de madrugada.
En otro caso, una mujer fue asesinada por su pareja por el solo hecho de recibir una llamada al celular cuando estaban juntos.
En algunos homicidios por celos, los hombres “asesinaron de las manera más crueles” a las mujeres para hacerlos pasar por crímenes de la delincuencia organizada. Incluso se documentaron casos en los que fabricaron cartulinas para asemejar “narcomensajes”. En algunos casos, los hijos fueron testigos del homicidio.
“Son ejemplos que hacen ver la futilidad de los móviles para asesinar a las mujeres”, expresó Ojeda Rivera.
Esta violencia extrema es aún mayor en las zonas rurales, donde no hay acceso a la educación y en las poblaciones indígenas y afrodescendientes.
Otro caso emblemático de violencia extrema es el de Keyla Rubí, una niña de cuatro años que estaba bajo el cuidado de su abuela, una mujer de bajos recursos. A Keyla se la llevó un desconocido frente a varios testigos. Nadie se lo impidió. La niña apareció días después violada y asesinada.
Un caso más, de los cientos que documenta el informe, es el de dos jovencitas que fueron privadas de la libertad por tres albañiles. Las violaron durante varios días, las asesinaron y arrojaron sus cuerpos en el libramiento a Tixtla. Cuando fueron detenidos, fingieron ser miembros de la delincuencia organizada para lograr impunidad.
Ante este escenario de violencia extrema, la doctora Rosa Icela Ojeda propuso a las autoridades de los tres niveles de gobierno reforzar las políticas públicas para garantizar la seguridad de las mujeres, generar “castigos ejemplares” para sus victimarios, reducir los niveles de impunidad, incluir el tema de igualdad de género en la agenda pública y reeducar para reducir los patrones de desigualdad
“En esta entidad, matar mujeres no está considerado un agravio. La sociedad debería sentirse agraviada. Detener la violencia contra las mujeres debería ser una exigencia, los hombres no pueden seguirse ostentando como propietarios de las mujeres, porque eso genera un esquema de violencia extrema en todos los municipios de Guerrero”, sentenció.
Desde 1994, Guerrero ha permanecido, de manera sostenida, en el tercer y cuarto lugar en las cifras nacionales de homicidios dolosos contra mujeres. A pesar de la magnitud de este problema, no se ha logrado la declaración de una alerta de género.
En 2015, una adolescente de 15 años fue violada y asesinada en el municipio de Tlapa, en la región Montaña. Su asesino le arrancó una mejilla a mordidas. Nunca se supo el significado de esa acción, si fue una marca de actuación en grupo o un acto de antropofagia (canibalismo).
En otros casos de actuación grupal de hombres, las mujeres fueron mutiladas de alguna extremidad antes de ser asesinadas.
Pero la doctora Rosa Icela Ojeda reconoce que los mil 449 casos documentados en la última década en Guerrero no son los únicos. Hay más, pero permanecen en las sombras.
“No es ni medianamente la totalidad del fenómeno. Muchos casos nos llevan a decir que vivimos en una sociedad salvaje”, expresó.
Del 100 por ciento de los casos documentados, sólo el 30 por ciento llegó a ser investigados, el 15 por ciento llegó hasta el final del juicio y el 10 por ciento llegó a una sentencia, en su mayoría absolutoria. Es decir, impune.
“En un año, termina en dos sentencias: una absolutoria y una condenatoria”, criticó la activista.
En Guerrero, advirtió Ojeda Rivera, “matan mujeres” porque los asesinos quedan impunes.