* El diputado perredista criticó la decisión de la Comisión Instructora de prorrogar 10 días la emisión del dictamen sobre el juicio de procedencia en contra de su homólogo priista

 

Fernando Hernández

 

El diputado local perredista Sebastián de la Rosa Peláez aseguró que el proceso legislativo para la solicitud de desafuero que enfrenta el legislador priista Saúl Beltrán Orozco, “lo están manoseando políticamente, lo cual es grave”.

El perredista cuestionó la decisión de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, de prorrogar 10 días más el juicio de procedencia de revocación de la inmunidad constitucional que enfrenta Beltrán Orozco.

De la Rosa Peláez consideró que la Comisión Instructora que preside el panista Iván Pachuca Domínguez debió de haber solicitado el aval del pleno del Congreso del Estado para ampliar el tiempo para emitir el dictamen sobre el juicio de procedencia que se le sigue al exalcalde de San Miguel Totolapan.

Además, el diputado perredista aseguró que el fiscal Xavier Olea Peláez no tiene autoridad sobre el parlamento para solicitar que se amplíen los plazos establecidos en la Ley para emitir el dictamen correspondiente.

A pregunta expresa sobre si la dilación con la que la Comisión Instructora está procesando el juicio de desafuero contra Beltrán Orozco podría ser aprovechada por el diputado priista para escapar de Guerrero, De la Rosa Peláez dijo que “a lo mejor eso están buscando”.

Para finalizar, el diputado perredista dijo que el caso de su homólogo, a quien se le ubica como compadre de Raybel Jacobo de Almonte, líder del grupo criminal ‘Los Tequileros’, es una muestra clara de que se necesita eliminar en el estado de Guerrero la figura del fuero constitucional.

A Beltrán Orozco, quien es presidente de la Comisión de Examen Previo del Congreso del Estado, se le acusa de haber ordenado el homicidio de José Antonio Ceferino Gil, trabajador del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, cuando él era alcalde de ese lugar, y por esa razón existe una orden de aprehensión que fue librada por un juez penal con sede en Chilpancingo.