* Tendrá hasta 15 días naturales para emitir un dictamen que dé respuesta a la solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado para poder detener al legislador acusado de homicidio
Fernando Hernández
La Oficialía Mayor del Congreso del Estado turnó ayer la solicitud de desafuero de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra del diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco, a la Comisión Permanente y ésta a su la envió a la Comisión Instructora del Poder Legislativo para que continúe su trámite legal.
Durante la sesión de la Comisión Permanente que está al frente de los trabajos legislativos en el actual periodo de receso, se dio lectura al comunicado mediante el que se da cuenta de la petición hecha por la FGE para que se retire el fuero constitucional al legislador priísta, contra quien existe una orden de aprehensión por el delito de asesinato.
El primero de febrero, el fiscal general, Xavier Olea Peláez confirmó que un juzgado penal con sede en Chilpancingo libró una orden de aprehensión en contra del Saúl Beltrán, relacionada con la investigación por el asesinato del exdirector de Catastro de San Miguel Totolapan, José Ceferino Gil, cuando el ahora legislador era alcalde de ese municipio.
Al concluir la sesión de la Comisión Permanente, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo, indicó que la Comisión de Instructora tendrá un plazo de 10 días hábiles y hasta 15 días naturales para emitir un dictamen en el que dé respuesta a la solicitud de desafuero de la fiscalía.
Puntualizó que los plazos de la Comisión Instructora corren a partir de que se le turna el oficio de la solicitud de desafuero. “Supongo que el día de mañana (jueves) los reciben, son las 2 de la tarde y si hay tiempo hoy la mandan, y si no a más tardar mañana estará recibiendo, y a partir de pasado mañana inicia el tiempo”, precisó.
A la legisladora se le recordó que el lunes pasado el grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan responsabilizó al Congreso del Estado y a otras autoridades de actuar de manera lenta en el proceso de desafuero de Beltrán Orozco, y que las responsabilizaban de un eventual incremento de la violencia en la zona.
Añorve Ocampo pidió entonces que no se politice el caso de Beltrán Orozco, en franca alusión a lo dicho por el exdiputado federal perredista, Catalino Duarte Ortuño, quien señaló a medios de la Tierra Caliente que él había sido uno de los promotores de las autodefensas en San Miguel Totolapan, y precisó que “en las manos de la presidenta de la Junta de Coordinación Política ya no está el asunto, ya se turnó a la Comisión Instructora”.
“Hoy tenemos una nueva Ley. Antes estos procedimientos duraban mucho tiempo y hoy nuestra nueva ley nos habla de un corto tiempo, y vamos a cumplir con lo que marca la Ley”, precisó.
Añorve Ocampo coincidió en que la Fiscalía debió solicitar el desafuero del diputado priista antes de solicitar una orden de aprehensión al juez penal que la libró, peor “finalmente las instancias son ellas y son quienes están tomando las decisiones sobre este asunto. Lo que nos corresponde no es juzgar si el diputado es culpable o no, y de lo que se trata es de ver si el expediente tiene pruebas suficientes para quitarle el fuero constitucional”.
Añadió que no ponía el “tela de juicio el procedimiento de la Fiscalía, pero que simplemente había un proceso que no se llevó conforme a la Ley”.
A Beltrán Orozco también se le ubica como compadre de Raybel Jacobo de Almonte, líder del grupo criminal ‘Los Tequileros’, que ha cometido varios secuestros masivos en San Miguel Totolapan y municipios cercanos, por lo que el perredista Catalino Duarte –quien es pariente de la familia Pineda Villa, que está relacionada con el grupo delictivo Guerreros Unidos— lo ubicó el lunes pasado como su “jefe político”.