* En Acapulco bajaron los homicidios, pero aumentaron los casos de extorsión, porque los empresarios tienen miedo y terminan pagando derecho de piso, aseguró ayer Alejandro Martínez, presidente de Concanaco
Fernando Hernández / Gilberto Guzmán
En Acapulco “se han registrado unos 5 mil casos de extorsiones en lo que va del año”, aseguró ayer el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio en Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, quien admitió que “en los últimos meses el homicidio doloso se vino a la baja, pero lo que vimos enseguida es que subió la extorsión”, lo que “quiere decir que la gente está pagando para evitar ser asesinada”.
Entrevistado después de reunirse con diputados que integran la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, que preside Ricardo Mejía Berdeja, y en la que participaron los legisladores Cuauhtémoc Salgado Martínez, Víctor Manuel Martínez Toledo, Mauricio Legarreta Martínez y Silvano Blanco Deaquino, el líder empresarial aseguró que “zonas comerciales como la Cuauhtémoc, la colonia Progreso, Renacimiento y los bulevares comerciales del primer cuadro de la ciudad, han sido atacados por esta embestida de estos grupos organizados voraces, que están, amenazando y amedrentando a todos los comerciantes”.
Expresó que “estamos hasta la madre de que estos ciudadanos maléficos, delincuentes, estén atacando con esa voracidad al comercio y la verdad no queda más remedio que cerrar”.
Martínez Sidney aseguró que por la escalada de violencia que se vive en el puerto de Acapulco han cerrado unos 2 mil 500 negocios de los diferentes ramos; “es una cifra que no pensamos algún día llegar a conocer y puede que el año concluya con alrededor de 3 mil negocios cerrados”, dijo.
Expresó que en la reunión con diputados, exigió a los diputados locales que respalden la iniciativa de Movimiento Ciudadano para que desde el Congreso del Estado se propongan a la Cámara de Diputados que modifique disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de que se incluya a la extorsión dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.
Además, dijo que pidieron a los legisladores que se cree “un fondo para víctimas de la extorsión, y que tenga el respaldo jurídico, así como psicológico para poder apoyar las crisis, y ya que este delito acaba con la economía y patrimonio de las familias”.
“No venimos a tomarnos la foto aquí, venimos a exigirle a los diputados que tengan resultados, para lo que nosotros proponemos a los problemas que estamos planteando”, precisó.
Aceptó que como lo han dicho las autoridades encargadas de la seguridad, “efectivamente, en los últimos meses el homicidio doloso se vino a la baja, pero lo que vimos enseguida es que subió la extorsión; eso quiere decir que la gente está pagando para evitar ser asesinada”,
Señaló que hace falta mayor eficacia en las acciones que realizan los tres niveles de gobierno para combatir al crimen, porque parece que los operativos que realizan elementos del Ejército Mexicano y las corporaciones policíacas no tienen la planificación adecuada.
“Muchas veces podemos ver a los agentes federales dejar pasar libremente a todo mundo; no hay una contundencia en la investigación, sobre todo hay mucha impunidad”, se quejó.
Subrayó que mientras no haya detenciones que en verdad perjudiquen la estructura de las organizaciones delictivas, los despliegues policíacos y militares serán meras actividades para la fotografía, sin una perspectiva integral.