Isidro Bautista
El fin de semana pasado —entre viernes y domingo— hubo oficialmente 26 crímenes en Guerrero, relacionados, la mayoría, con delincuencia organizada, aunque versiones distintas señalaron que el número de homicidios llegó en ese lapso, al menos, a 29: uno en Chilpancingo, diez en Acapulco, dos en Zihuatanejo, uno en Buenavista de Cuéllar, uno en Iguala, nueve en Tixtla, tres en Teloloapan, uno en Arcelia y otro en San Miguel Totolapan.
El mismo gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que ésos han sido los días más violentos en lo que va de su gobierno.
Sin embargo, el titular del Ejecutivo afirmó que no amerita designar para Guerrero a un comisionado de seguridad como ocurrió en Michoacán, por tener entonces a un gobernador cruzado de brazos y cuyo hijo estuvo detenido por presuntos nexos con el crimen organizado, a diferencia de él, que es percibido por la sociedad cumpliendo con la responsabilidad que le corresponde.
El hecho de que Astudillo haya admitido, quizá con cierta preocupación, que esos tres días Guerrero presentó la crisis violenta más alta del último año, la situación de inseguridad debe obligar a reflexionar en el sentido de que para afrontarla se requiere, por un lado, que sus colaboradores, ya no digamos le ayuden, sino que cumplan con su deber, y por el otro, que la sociedad haga lo que le corresponda y no esté como simple espectador, con la pura crítica o la descalificación, en espera de que todo lo haga “papa gobierno”.
Además, se requiere de la mayor presencia posible de la Federación. Los tres niveles de gobierno tienen la obligación constitucional de velar por la seguridad, pero es más determinante en este caso el que encabeza Enrique Peña Nieto. Los ayuntamientos tienen realmente que aplicar los recursos canalizados a ese rubro, y ya no robarlos.
Sin la intervención de la Federación, Guerrero, al igual que cualquier otro estado del país, no podría hacer casi nada. A El Chapo Guzmán no lo capturó el gobierno de Sinaloa.
Astudillo informó que buscará reunirse en la Ciudad de México con el gabinete de seguridad, en la víspera de la temporada vacacional.
El gobierno federal no debe dejar de ver a Guerrero como un asunto de hasta seguridad nacional, por lo que significó una cachetada el hecho de que le haya quitado agentes policiacos en Iguala y en Tierra Caliente, donde acaba de surgir según una guardia civil, particularmente en San Jerónimo El Grande, municipio de Ajuchitlán.
Como ya lo hemos aquí mencionado, es necesario que le destine más recursos para enriquecer los programas que conlleven a la generación especialmente de fuentes de empleos, sobre todo por tratarse de una entidad pobre y rezagada.
Por lo que toca a los miembros de su gabinete, por lo menos si no ayudan, que no estorben. Deben hacer todo lo que esté a su alcance a fin de evitarle más problemas, incluidos paros de trabajadores, para que esté enfocado prioritariamente al asunto de la seguridad.
Deben procurar no distraerlo de ese problema, como pasó con el caso del Acabús o con las manifestaciones de protestas que aún hay en el sector educativo y con las personas de la tercera de la edad por el retraso del pago de su pensión. El gobernador tuvo que entrar hasta en el problema de la basura de Chilpancingo, a falta de capacidad política.
La sociedad no puede pasarse el tiempo sólo criticando o descalificando la actuación de la autoridad, o en carácter de espectador. Por lo menos, no debe quitar la mirada en los hijos; además de asegurar el fomento de los valores, tiene que cerciorarse de la conducta que guarden dentro y fuera de escuela, inclusive con las redes sociales, porque se han dado muchos casos en que sorpresivamente los descubren como consumidores de enervantes, o ya involucrados con la delincuencia, a temprana edad.
El problema de la inseguridad es asunto de todos: de unos más, de otros, menos; de lo contrario, al rato pudiera ser peor. isidro_bautista@hotmail.com