Gilberto Guzmán
Diputados locales del Movimiento Ciudadano (MC), presentaron la iniciativa de Ley para Prevenir los Abusos en el uso de la Fuerza Pública en el estado, ante el vacío legal que ha permitido violaciones a los derechos humanos durante las represiones que terminan en asesinatos, como en el caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
A nombre de sus compañeros, Magdalena Camacho Díaz y Silvano Blanco Deaquino, el coordinador de los diputados locales de MC, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que esta ley tiene como objeto prevenir los abusos de la fuerza pública porque actualmente hay un vacío legislativo y legal en este tema, debido a que la regulación que existe en el estado se encuentra únicamente en el artículo 72 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, que se refiere a los principios en que se basará el uso de la fuerza pública.
Sin embargo, mencionó que ante la problemática social que hay en Guerrero, es grave que no exista una ley que pueda prevenir los abusos en el uso de la fuerza pública, y que su inexistencia haya originado una serie de situaciones que han generado violaciones graves a los derechos humanos en la entidad, además de problemas sociales que polarizan a la sociedad guerrerense.
Detalló que la iniciativa que presentaron los diputados de MC ayer, consta de 67 artículos y cinco artículos transitorios, y tiene el objeto de “prevenir los abusos en el uso de la fuerza pública, estableciendo los principios generales que deberán observar los cuerpos de seguridad en el estado”.
Precisó que se busca que los funcionarios encargados de salvaguardar la seguridad, además de cumplir con la ley, respeten los derechos humanos y utilicen la fuerza pública únicamente cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden, o cuando corra peligro la vida de las personas.
“El uso de armas se considera una medida extrema, y no podrán usarse armas de fuego como señal de advertencia, tampoco para controlar o dispersar manifestaciones”.
Dijo que los diputados de MC plantean que el uso de la fuerza se rija con base en los principios de legalidad, que la actuación de los cuerpos de seguridad sea con base en la ley; de oportunidad, que sea el momento inmediato posterior idóneo para contrarrestar, controlar o repeler una acción de agresión, “no ya cometido el hecho vayan y persigan a la gente, tiene que ser oportuno”.
Además, el principio de proporcionalidad, que la fuerza que apliquen los cuerpos de seguridad sea de una forma adecuada o equiparable en intensidad, duración y magnitud a la amenaza o acto hostil al que se enfrenten, “no puede responderse a un acto de violencia que utilizan algún punto de piedras, con armas”.
Y el otro principio es el de la estricta necesidad: “la fuerza pública debe de ser el último recurso, y hasta que se agoten todos los medios de disuasión, persuasión y niveles de fuerza disponibles de empleo racionalmente idóneo”.
Mejía subrayó la importancia de que se apruebe esta ley, porque permanecen en la memoria colectiva los hechos del 12 de diciembre del 2011 en la autopista del sol, cuando fueron asesinados dos normalistas de Ayotzinapa, durante un bloqueo a la altura del Parador del Marqués, que fue disuelto por elementos policíacos estatales y federales que utilizaron armas de fuego.
Además, puso como ejemplo hechos ocurridos en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, cuando se ejerció violencia en el uso de la fuerza pública: “si ya están sometidas las personas que están cometiendo algún acto ilícito, no hay necesidad de que la fuerza pública vaya y los agreda de manera externa, esto solo perpetra violaciones a los derechos humanos y hace más grave la situación social, de por sí complicada en el estado”.
En la sesión, la iniciativa fue turnada a las Comisiones unidas de Seguridad Pública, de Derechos Humanos y de Estudios Constitucionales y Jurídicos, para el proceso legislativo.