* El delegado José Manuel Armenta aseguró que esta situación se debe a factores ajenos a su gestión
Gilberto Guzmán
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, pidió paciencia a las familias damnificadas por las lluvias de las tormentas Manuel e Ingrid, de septiembre del 2013, ante la dificultad que ha representado, por diversos factores, concluir las viviendas que debieron entregarles desde hace tiempo, y para lo cual realiza gestiones ante instancias federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Fondo Nacional de Desastres Naturales.
En entrevista radiofónica, el funcionario federal indicó que además de la atención inadecuada que se le dio a las obras por parte de quienes lo antecedieron en el cargo, en enero de este año la Profepa clausuró 23 fraccionamientos en los que no se cumplieron las normas ambientales y se detuvieron los trabajos de construcción de aproximadamente 2 mil viviendas.
Señaló que el jueves protestaron en la delegación de Sedatu personas del Fraccionamiento Papagayo, municipio de Juan R. Escudero, cuyas viviendas debieron entregarse en tiempo y forma pero a tres años de la contingencia de septiembre del 2013 no ha sido posible entregar las viviendas.
“Y no obstante ello, las viviendas que habían sido construidas para ellos, fueron rechazadas con toda razón porque eran construidas con un procedimiento no apto para Guerrero y no apto para esa zona, por lo cual se tendrán que reconstruir estas viviendas en un nuevo predio, porque además el predio en donde fueron construidos, la Profepa lo ha declarado como inhabitable”, indicó.
El delegado mencionó que este viernes participaría en una reunión en las oficinas centrales de la Profepa, en la Ciudad de México, para analizar la situación de los fraccionamientos que fueron clausurados por no cumplir con requisitos como el Manifiesto de Impacto Ambiental o el cambio de uso de suelo, con el fin de encontrar la ruta que permita retirar los sellos de clausura y que se pueda seguir construyendo para entregar las viviendas pendientes.
“Porque hemos demostrado que la mayoría, o una buena parte de los predios en los que ejecutamos acciones, son suelos con vocación agrícola, los que ya están o de alguna manera ya tenían algún impacto; estamos haciendo las solicitudes de excepción de Manifestación de Impacto Ambiental, de que no es un cambio de uso de suelo necesario, justificando lo que nos ha solicitado la Profepa para que podamos aspirar a que retire los sellos de clausura y continuar con los trabajos”, explicó.
Posteriormente, se reuniría con el director general del Fonden, José María Tapia Franco, para asegurar la entrega de los recursos que se tienen dispuestos para continuar la construcción de los fraccionamientos y gestionar recursos adicionales para obras y acciones que cuando se registró la contingencia causada por las tormentas Manuel e Ingrid, en septiembre del 2013, no fueron considerados.
Se trata de recursos adicionales, explicó Armenta Tello, para concluir obras importantes como el puente de San Marcos, el puente de Benito Juárez donde el gobierno estatal construyó un paso provisional ante la ausencia del puente que el gobierno federal debió construir hace más de tres años.
El funcionario subrayó que no hay desatención de la delegación de Sedatu a las inconformidades de familias damnificadas que han derivado en protestas contra la dependencia.
“Entiendo la inconformidad y el derecho que tienen de manifestarse, pero todos han sido atendidos, se les ha explicado lo que estamos haciendo, entiendo que el pedirles más tiempo para que podamos ejecutar sus acciones causa molestia, pero no tenemos otra alternativa”, precisó el funcionario.
Recordó que “llegamos a la delegación de Sedatu en un momento en el que varios fraccionamientos se encontraban suspendidos, adicionalmente a esto a principios de este año inicia un procedimiento Profepa ante la nula respuesta por parte de la dependencia de regularizar los predios, y clausura varias de nuestras acciones, y entonces estamos revirtiendo todos estos hechos, además de gestiones paralelas para que quienes no habían sido considerados, tengan un techo presupuestal y puedan ser ejecutadas estas acciones”.
Detalló que en los 23 fraccionamientos que tienen sellos de suspensión de la Profepa, se encuentran detenidos los trabajos de construcción de aproximadamente 2 mil viviendas, por ejecutar.
José Manuel Armenta reiteró que en cuanto la Profepa retire los sellos de clausura en los fraccionamientos observados, se reanudarán los trabajos para concluir las viviendas y entregarlas a las familias damnificadas que esperan desde hace casi tres años.
“La mayoría de ellos tienen garantizada la construcción de las obras, pero nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias porque la ubicación de los predios en su momento no fue adecuada, entonces hay que agregar obras de mitigación para que no pase lo que está pasando en Petaquillas (Chilpancingo), o lo que está pasando en El Mirador (Chilpancingo), o suceda lo que está dándose en Papagayo (Juan R. Escudero), una serie de acciones que no habían sido consideradas en su momento y que ahora nosotros no se nos perdonaría que no las consideráramos y no las hiciéramos”, concluyó.