* El dirigente de la UPOEG exigió que el Tribunal Colegiado “fundamente aún más” su determinación y clarifique en qué zonas geográficas aplica la sentencia
Alondra García
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, lamentó la sentencia judicial de un tribunal federal que prohibe a las policías comunitarias a realizar detenciones y cateos.
El Segundo Tribunal Colegiado con sede en Acapulco publicó una resolución en el Semanario Judicial de la Federación, la cual indica que la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no faculta a las autoridades comunitarias a practicar aprehensiones ni cateos.
La determinación es el resultado de dos sentencias de amparo en revisión contra acciones de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Entrevistado sobre este tema, el dirigente del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG, Bruno Plácido, exigió que el Tribunal “fundamente aún más” su determinación y clarifique en qué zonas geográficas aplica la sentencia.
“En el proyecto comunitario las reglas se consensan (sic, lo correcto es consensúan) en asamblea popular. Los ciudadanos son los que deciden entrar a este proceso, dan su consentimiento a un programa de seguridad y prevención de delitos en las comunidades y aprueban por consenso las reglas y sanciones para los infractores”, explicó Plácido.
Expuso un ejemplo: “Cuando alguien altera el orden público tirando balazos, se le cobra una multa de 100 pesos por cada tiro; la segunda vez que lo hace se le aplica una sanción y a la tercera vez se le decomisa el arma”.
Cuando se trata de delitos graves, indicó que los detenidos son puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Respecto a los cateos, detalló que estos dependen “del origen del delito y su gravedad”, para contribuir a una justicia “pronta y expedita”.
“Si un delincuente asesina, los policías ciudadanos lo persiguen y si se esconde en su casa, entran, tienen que actuar de inmediato y proceder”, explicó.
Plácido Valerio destacó que este sistema ha funcionado de manera satisfactoria en las zonas indígenas que se rigen por usos y costumbres, por ello lamentó que el Tribunal federal haya determinado que las detenciones y cateos por parte de los policías comunitarios son ilegales.
Sin embargo, reconoció que el sistema de seguridad y justicia comunitaria fue adoptado por localidades mestizas que no cuentan con el amparo de la Ley 701.
“Creo que el Tribunal debe de fundamentarse más y preguntarse si verdaderamente existe una asamblea comunitaria en esa zona en la que hay denuncias contra la policía comunitaria por abusos o actos ilícitos”, exigió.
Consideró conveniente que se presenten las actas de asamblea de las localidades en las que operan grupos de policías ciudadanas y comunitarias, para clarificar cuáles de ellas cuentan con aval popular y cuáles únicamente operan como “grupos de poder bajo el control de sus líderes y representantes”.
El líder de la UPOEG detalló que la Policía Ciudadana opera en varios municipios de las regiones Costa Chica, Centro y Sierra, tales como Marquelia, Copala, Cuautepec, Ayutla, San Marcos, Juan R. Escudero y Chilpancingo.
“Nosotros no tenemos problemas ni conflictos como otros grupos”, destacó haciendo referencia al Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), grupo armado que opera en el corredor Petaquillas-Xaltianguis y que en los últimos meses ha protagonizado enfrentamientos a golpes y balazos, así como varios altercados con los pobladores de algunas localidades debido a que surgió sin consenso popular.