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jueves, 2 febrero , 2023

Averígüelo Vargas – Enrique Vargas

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Necesario regularizar y contener a las policías comunitarias: Astudillo.—Ilegal que comunitarios hagan detenciones y cateos: Tribunal.—Habitantes de tres municipios demandan desarmar a integrantes del FUSDEG.—Reclama SNTE se pague la indemnización por jubilación a maestros en retiro

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Enrique Vargas

 

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Desde que el concepto de policía comunitaria se amplió a varios municipios de la Costa Chica y de ahí a otras regiones, surgieron problemas, porque se trata de gente sin ninguna formación policial, que al tener un arma en las manos y suponer que son la “autoridad”, se dieron una serie de excesos que se trató de contener con la formación de la Policía Rural, la que rechazaron, porque no quieren verse sujetos a la Ley y a una disciplina obligatoria, para evitar los excesos y los abusos.

Esas situaciones se vieron claramente en el caso de Nestora Salgado, que ignoraba, suplantaba y hasta agredía a las autoridades municipales de Olinalá, hasta que fue detenida y encarcelada, y otro caso semejante se presentó en Tixtla, donde el “comandante” de la comunitaria local atacó el palacio municipal, golpeó a policías y se apoderaron de armas de uso exclusivo del ejército.

Esa situación se ha vuelto a salir de control con los comunitarios de Petaquillas y El Ocotito, ambas comunidades del municipio de Chilpancingo, donde se dieron enfrentamientos entre dos grupos de gente armada, unos agrupados en la UPOEG y el FUSDEG, que pretende sentar sus reales y actuar con fuerza ante los comisarios municipales, que representan la autoridad del municipio.

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La figura de la Policía Rural se mantiene vigente, pero los comunitarios se niegan a integrarse a ella, porque quedarían bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio y hasta del estado y lo que ellos quieren es mantenerse alejados de la Ley, para actuar sin orden legal y sólo en respuesta a sus propios intereses y los de algunos grupos que se mantienen en la sombra y que no responden al marco legal vigente.

No todas las comunitarias actúan al margen de la Ley, con armas prohibidas, como las señaladas, porque las que nacieron y se mantienen en municipios de la Costa Chica son ejemplo de buen desempeño y funcionamiento y están plenamente apegadas a la Ley.

El peligro que representan UPOEG y el FUSDEG fue denunciado por el alcalde capitalino Marco Antonio Leyva Mena, quien señaló la necesidad de revisar su situación legal, además que el Ejército debe también aplicar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, porque es evidente que esos grupos la violan abiertamente, al manejar armas de alto poder que sólo son autorizadas para las fuerzas armadas del país.

Por  su parte, el gobernador planteó que algunas de las comunitarias, como señalamos, si ayudan a dar protección a la sociedad, pero que otras “provocan un infierno”, como en el caso de las que operan en Petaquillas y El Ocotito, por lo que señaló la necesidad de que se tomen medidas, aunque no ahondó en el tema ni en las acciones que se pueden tomar para controlarlas, que podrían llegar hasta el desarme de esos individuos por parte del Ejército.

Ya se había pronunciado el Segundo Tribunal Colegiado de Acapulco en el sentido de que las autoridades comunitarias, incluida su policía, no están facultadas legalmente a dictar órdenes de aprehensión ni a hacer cateos, porque cualquier acción que tomen en ese sentido será ilegal.

El gobernador Astudillo señaló que hay grupos que se salen de la Ley, encabezadas por gente muy violenta y que no son promotores de la paz y de la prevención del delito.

Aseguró que para todos los que están fuera de la legalidad, el gobierno, en su momento “hará lo que corresponda”.

Cuando se tomaron las acciones legales contra Nestora y los violentos de Tixtla se controlaron bastante bien las agresiones que habían provocado, e incluso algunos de sus integrantes fueron agregados a la Policía Rural, aunque de un tiempo para acá se descuidó esa situación y grupos como el FUSDEG y la UPOEG ampliaron sus acciones, pero también su ilegalidad, lo que hace necesario que nuevamente se les llame al orden y se controle a los que se niegan a actuar dentro de las normas establecidas, para que lo hagan de buena manera o con la aplicación de la Ley, si es necesario.

Parte del problema es que las policías estatal y municipal no están bien integradas, porque no tienen suficientes elementos para cubrir todo el territorio estatal, por lo que ha sido necesario tolerar a esos comunitarios, pero como no están sujetos a un orden legal suficiente, sino que se rigen por sus propias normas, caen muchas veces en la ilegalidad, y se les ha tenido que soportar.

Sin embargo, ya es el momento de actuar para volver a controlar a esos grupos, que unas veces trabajan y otras veces agreden y crean conflictos que pueden llegar a ser peligrosos.

RECLAMA SNTE SE PAGUE LA INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN A MAESTROS EN RETIRO.— Cuando los maestros se jubilan, reciben una compensación económica que les permite esperar mientras son dados de alta en la nómina de los jubilados y empieza a pagarles, prestación que equivale a 3 meses de sueldo y algunos agregados por aguinaldo, vacaciones y otros temas, pero se llegaron a dar hasta 250 mil pesos a quienes se retiran del servicio, como sucedió en años anteriores, pero ahora las condiciones han cambiado y resulta que a quienes se jubilaron se les debe esa prestación.

A petición de los jubilados ya intervino la Sección 14 del SNTE, que encabeza el profesor José Hilario Ruiz Estrada, quien escuchó a sus compañeros en retiro, que le pidieron intervenga para que se cumpla con ese pago que tienen pendiente, por parte de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), del gobierno estatal.

La indemnización se cubre a través de un fideicomiso bancario donde se depositan los recursos, para que vayan pagando según el orden en que se jubilaron.

El dirigente sindical señaló que este trámite se detuvo durante varios meses por una auditoría que ralizó el gobierno federal en los estados del sur, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, pero que en breve se reanudarán y se pagarán los meses de junio, julio y agosto que estaban retenidos.

Ese es un asunto que ya quedó resuelto, les comunicó Ruiz Estrada a los maestros que se quedaron sin pago durante tres meses.

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