* El sitio impuesto en mayo de 2015 en esa ciudad por comunitarios, fue orquestado por el entonces perredista Bernardo Ortega Jiménez y consentido por el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, aseguró

 

Redacción

 

El vocero de la agrupación ‘Siempre Vivos’, José Díaz Navarro, denunció que la irrupción de unos 300 civiles armados en Chilapa, ocurrida en mayo del año pasado, que derivó en la desaparición de decenas de personas, fue orquestada desde el Congreso del Estado cuando era presidido por el perredista Bernardo Ortega Jiménez y fue consentida por el entonces gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez.

En su intervención durante el Primer Foro Estatal por la Presentación con Vida de los Desaparecidos: Entre el Dolor y la Esperanza, el comerciante que sigue en la búsqueda de dos de sus hermanos desaparecidos en noviembre de 2014 puntualizó que en Chilapa se ha vivido un contexto de violencia desde el año 2005, pero que fue a partir del 2013 cuando los asesinatos y las desapariciones aumentaron, con el aval de autoridades federales, estatales y municipales.

“En Chilapa se desató la violencia desde el 2005 a la fecha y desde entonces comenzamos a ver a delincuentes fuertemente armados a bordo de carros blindados, escoltados por la policía estatal y la ministerial entre otros”, anotó.

Agregó que lo más grave de la inseguridad en ese municipio se “desató desde el 2013, tenemos un mínimo de 500 casos entre homicidios y desapariciones por esos hechos; no hay un solo detenido y todos le echan la culpa al estado. No estoy defendiendo al estado. Pero nosotros tenemos nombres” a quienes le atribuyen la responsabilidad de la escalada de violencia en la localidad.

Díaz Navarro denunció en el acto que se desarrolló en la Biblioteca ‘Siervo de la Nación’ del Congreso del Estado que la irrupción de civiles armados relacionados con el cártel de ‘Los Ardillos’ fue ordenada desde las instalaciones del Poder Legislativo y consentida por Bernardo Ortega, quien es hermano de Celso y Antonio Ortega Jiménez, a quienes se les señala como líderes de esa organización delictiva.

El vocero del colectivo que se formó para reclamar la presentación con vida de los desaparecidos en Chilapa, señaló que durante la irrupción de los civiles armados que registró entre el 9 y el 14 de mayo del 2015, las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno decidieron no intervenir.

“Fueron seis días en los que el gobierno del estado no se enteró de la situación que estábamos viviendo. Lo primero que hicieron –los civiles armados— fue tomar las patrullas municipales para levantar, casa por casa, a diferentes personas. Primero se conoció que en un primer momento había 30 casos, pero ahora tomamos como referencia 16 casos”, puntualizó.

Recordó que por esos días, en los que todavía no se cumplía ni un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, “pedimos la ayuda de todo el mundo, ya estaba ahí la (División) de Gendarmería (de la Policía Federal) y el gobernador (Ortega Martínez) nunca llegó, porque la irrupción fue planeada desde el Congreso del Estado y desde Casa Guerrero”, acusó.