Ana Lilia Torres

 

ACAPULCO.— Diputados del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del estado y regidores de ese partido exigieron

al presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre deje sin efectos el acuerdo que emitió mediante presiones el cabildo para autorizar la solicitud de un préstamo bancario por 158 millones de pesos.

En conferencia de prensa conjunta, los diputados priístas Samuel Reséndiz Peñaloza, Irving Granda, Pilar Badillo y Rosaura Rodríguez Carrilo, así como los regidores Luis Miguel Terrazas, Emma Reyes, Brígida María Trani Cabrera, Olga Salmerón  y Linda Karina Ríos coincidieron en que no van a permitir que el alcalde endeude al municipio y aclararon que con ello no buscan entorpecer el trabajo del ayuntamiento sino que se apegue al marco jurídico actual.

El coordinador de la bancada prísta en el Congreso, Samuel Reséndiz Peñaloza expuso que después de analizar detalladamente la manera en la que fue aprobado el acuerdo de cabildo, las mentiras y contradicciones en las que ha incurrido el alcalde de Acapulco y sus funcionarios, existen los elementos para advertirles a quienes lo aprobaron, que sus actos ilegales no pasarán desapercibidos.

“En el asunto del crédito, por 158 millones, con el banco interacciones, el alcalde ha actuado con opacidad, con desprecio a la ley y con prepotencia”, dijo el legislador.

Señaló que el alcalde porteño ha caído en contradicciones, puesto que primero afirmó que el crédito se destinaría a gasto corriente, luego que no, que sería para inversión, después que se lo otorgaría el banco Interacciones y  luego está institución financiera lo desmiente, señalando que no autorizó ningún préstamo al municipio.

Argumentó que el acuerdo que aprobó el cabildo viola la Ley de Ingresos del Municipio aprobada por el Congreso de Guerrero a propuesta del mismo Ayuntamiento, que indica claramente en su artículo 160 que el Ayuntamiento tendrá la facultad de gestionar y a allegarse de ingresos extraordinarios por concepto de empréstitos o financiamientos, previa autorización del Congreso del Estado.

“Y viola también el reglamento interno de cabildo en su artículo 65 y 66 que indica que para presentar un proyecto de esa índole hay que hacerlo con tres días de antelación a través de la Secretaria General, cosa que tampoco se hizo”, añadió..

Reséndiz Peñaloza mencionó que también se violaría la disposición en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Federal, que indica que los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, y el alcalde ha indicado que el empréstito se destinará a cumplir con obligaciones de gasto corriente, como pago de becas escolares o pagos del ISSSPEG y el Infonavit.

“Conforme al artículo 9 de la Ley de coordinación Fiscal, este acuerdo también sería ilegal, ya que comprometería las participaciones federales que corresponden a Acapulco, al otorgarles como garantía sin contar previamente con la autorización del Congreso del Estado”, dijo.

Por lo anterior, los diputados exigieron al alcalde Velázquez Aguirre que deje sin efecto el acuerdo que autorizó el préstamo y aclararon que no están en contra de que solicite un crédito, sino de que no respetó los procedimientos legales.

“Hemos escuchado que nosotros queremos obstaculizar el gobierno de Evodio, que queremos que le vaya mal y por supuesto que no es así, a nosotros nos interesa que le vaya bien a su gobierno, ya que si le va bien a él le va bien a los acapulqueños, pero tenemos que exigirle que se conduzca bajo los cauces legales”, agregó el diputado Reséndiz Peñaloza.

El regidor Luis Miguel Terrazas en  calidad de coordinador de la fracción del Pri en el cabildo dijo que como ediles no se oponen a la buena marcha del municipio, sino están en contra de que se vulnere la ley.

Los diputados y regidores señalaron que no serán cómplice de actos fuera de la ley y que van a denunciarlos, frenarlos y exigir transparencia porque es su responsabilidad como representantes populares.

Por lo anterior, informaron que el miércoles pasado en la comisión permanente, los diputados ordenaron  a la Auditoría General del Estado fiscalice el asunto y de proceder, aplique las sanciones correspondientes.