* Empoderan a los ciudadanos para exigir transparencia a sus autoridades: Vélez
Gilberto Guzmán
La diputada federal Beatriz Vélez Núñez, destacó la reciente aprobación de las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción, General de Responsabilidades Administrativas, y la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como una forma de impulsar acciones en favor de la transparencia y el combate a la corrupción.
El pasado 6 de julio, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, en términos del dictamen, la minuta con proyecto de decreto que expide las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción, General de Responsabilidades Administrativas, y la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a partir de las observaciones realizadas por el Ejecutivo federal.
El Ejecutivo federal hizo observaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas correspondientes a los artículos 3, fracción VIII; 4, fracción III; 27, tercer párrafo; 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81.
En los citados artículos se elimina la obligación de las personas físicas y morales de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, mismas que sí se incluían en el pasado dictamen aprobado por el Congreso de la Unión.
Ahora, con las modificaciones del Ejecutivo, en el artículo 3 y 4 se omite a la persona física o moral como sujeto obligado a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
En el 27, se elimina la obligación de los particulares de inscribir sus datos públicos en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y de Constancias de Presentación de la Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Nacional.
En tanto, en el artículo 30 se elimina a los particulares de la posibilidad de que las secretarías y los órganos internos de control realicen una verificación aleatoria de las declaraciones mencionadas.
En el artículo 32 se señala la obligación exclusiva de los servidores públicos a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Mientras que en el 33, se eliminan los plazos para la presentación de la declaración inicial de modificación patrimonial para los particulares.
En el caso del 37, se excluye a los particulares que en razón de los recursos recibidos o contratados celebrados por un ente público, de que las secretarías y los órganos de control soliciten la aclaración de su situación patrimonial.
El 46, señala a los servidores públicos como los únicos obligados a presentar declaración de intereses y patrimonial. Se excluye en el artículo 73 como falta de particulares en situación especial, la omisión de presentar declaraciones patrimonial y de intereses. Y del artículo 81 se elimina la posibilidad de imponer sanciones a una persona moral.
Sobre el tema, la diputada Beatriz Vélez mencionó que la transparencia y el acceso a la información pública son compromisos democráticos irrenunciables, más que dos preceptos normativos.
“Por primera vez fue aprobada una iniciativa ciudadana que representa una expresión de la madurez democrática que el país está alcanzando”, expresó.
Destacó que diversas organizaciones de la sociedad civil plantearon 15 aspectos para ser incorporados en la nueva legislación, y prácticamente todos fueron tomados en cuenta por el Sistema Nacional Anticorrupción.
Vélez Núñez subrayó que el sistema es integral porque armoniza a todas las instituciones encargadas de prevenir y perseguir la corrupción, por lo cual todos los servidores públicos deberán presentar su declaración patrimonial y de intereses, así como ya lo hacen con la declaración fiscal.
Además, dijo que la ley da poder a los ciudadanos porque en la cima del Sistema Anticorrupción habrá un Comité Coordinador presidido por un ciudadano, de entre los cinco que formarán parte del Comité de Participación Ciudadana, integrado a propuesta de la sociedad civil, y será esa instancia la que especifique los términos para hacer públicas las declaraciones.
Agregó que en el periodo extraordinario la Cámara de Diputados aprobará que la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos no obligue a los particulares a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, porque la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción no los contempló.