* El activista de derechos humanos reprochó que hay desatención oficial a quienes han abandonado sus pueblos debido a la inseguridad
Redacción
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares, reprochó el nulo apoyo del gobierno con las familias desplazadas de sus comunidades debido a la violencia.
El activista de los derechos humanos recordó casos de familias que actualmente se encuentran en municipios como Petatlán, Ayutla y Zitlala, que no han recibido la atención requerida.
“No ha habido ningún avance de las diferentes peticiones que se han” hecho a las autoridades, y ejemplificó que “podemos mencionar que con la adquisición del terreno para las 16 familias que están en la sierra de Petatlán, en el punto conocido como La Tondonicua, hasta ahorita no hay un informe, ni el mismo gobierno sabe cómo se encuentra el proceso”, expuso.
Recordó que han pasado 3 años desde el inicio del proceso de adquisición del predio y aún no se concreta la compra del predio, además que esto hay 30 niños no tienen acceso a la educación debido a que el INEGI no tiene registrado este punto como habitado, por lo que ahí ni el Conafe llega.
Dijo que esta situación “es preocupante” porque estos infantes son víctimas fáciles del crimen organizado, al no contar con educación como hasta ahora.
Olivares explicó que desde el año pasado se publicó en el Diario Oficial del gobierno del estado la Ley 487, que previene y atiende el desplazamiento de familias por violencia en el interior del estado, pero “esa ley no se está cumpliendo”.
De ahí la insistencia de atención de los desplazados que se encuentran en diversos puntos de la entidad como Ayutla, que se encuentran en la comunidad de Tepango, en donde poco se les ha apoyado, ya que las viviendas que les construyeron son de mala calidad y carecen de servicios.
En tanto, dijo que otras familias de la comunidad de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, están en el abandono porque tuvieron que regresar a su pueblo y carecen de todo.
Dijo tener confianza en tomarán cartas en este asunto la nueva titular del área de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Mariana Contreras Soto, con quien sostuvieron un primer encuentro para exponer los casos arriba descritos.
“Nosotros entendemos porque la Ley 487 habla de que tiene que existir una secretaria en este caso pero no puede ser, una secretaria que no tenga recursos y nos preocupa que nosotros mismos somos interlocutores y gestores, y ellos también tienen que gestionar”, lo cual consideró es un problema que alarga los problemas. (Con información de Notymás)