Alondra García
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres emitió la convocatoria pública para integrar el grupo de trabajo que estudiará la situación de los derechos humanos de las mujeres por violencia feminicida en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla.
La convocatoria fue emitida el 24 de junio, un día después de que la Alianza Feminista de Guerrero entregó formalmente la solicitud para la declaración de Alerta de Violencia de Género ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Con la solicitud, la Alianza Feminista entregó un Diagnóstico sobre la Violencia Feminicida en Guerrero, en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2015.
El documento consta de 120 páginas y se focaliza en los ocho municipios que encabezan la lista de mujeres asesinadas.
En conferencia de prensa, Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, presentó algunas cifras contenidas en el diagnóstico.
Puntualizó que entre 2003 y 2015 se registraron en la entidad mil 467 homicidios dolosos de mujeres, según el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Hanna Arendt, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
Otra estudio que retomaron para la elaboración del diagnóstico, fue el elaborado entre el Inmujeres y ONU-Mujeres, el cual indica que entre 1985 y 2014 se registraron 2 mil 724 defunciones femeninas con presunción de homicidio.
En 15 de los 30 años que comprende dicho estudio, Guerrero se posicionó en los tres primeros lugares a nivel nacional, destacó Reyna Aguilar.
Advirtió que “los datos muestran la gravedad de la violencia feminicida que vivimos en Guerrero”.
Ante este panorama oscuro para las mujeres guerrerenses, dijo que el mecanismo de la Alerta de Género servirá para que el gobierno del estado conjunte esfuerzos e implemente acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Indicó que fue necesario elevar la solicitud a nivel nacional, porque el gobierno de Guerrero no ha instrumentado el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
Recordaron que el sistema se instaló de manera simbólica el 25 de noviembre, sin la asistencia del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien se supone tiene que presidirlo.
El sistema tendría que sesionar cada tres meses, algo que no ha ocurrido en los ocho meses que lleva el actual gobierno estatal.
La conferencia de prensa de la Alianza Feminista de Guerrero estuvo respaldada por los diputados locales de Movimiento Ciudadano y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
La diputada Magdalena Camacho Díaz, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, expresó que los legisladores de Movimiento Ciudadano están “muy preocupados por el sinnúmero de homicidios de mujeres”.
Por su parte el diputado Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la bancada de dicho partido político en el Congreso de Guerrero, calificó como “muy trascendente” que la Alianza Feminista haya procedido ante la Secretaría de Gobernación para solicitar formalmente la declaratoria de Alerta por Violencia de Género.
“Nosotros pugnamos desde el 15 de diciembre del año pasado porque se emitiera esta alerta y sin embargo, siempre se argumentaba que no había una solicitud formal, como un pretexto burocrático para no ver y tomar acciones frente a un hecho innegable que es el homicidio doloso y los femincidios que hay en Guerrero”, recriminó el legislador.
Advirtió que “no pasa un par de días sin que haya algún mujer asesinada en alguna parte de Guerrero” y criticó la postura de negación que adoptó el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.
“Su pretexto es que no son feminicidios, como si las mujeres asesinadas no fueran importantes. Para nosotros no son una estadística, son una vida que se pierde, son víctimas de un hecho criminal”, sentenció.
La primera visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Violeta Parra Reynada, acudió a la conferencia en representación del ombudsman Ramón Navarrete Magdaleno.
Durante su participación explicó que la Alerta de Violencia de Género “no es un castigo para el estado”, sino “una serie de recursos para prevenir y a la larga erradicar la violencia contra las mujeres”.
“La violencia es la violencia, en todas las formas en que se presente y catalogarla como violencia feminicida o violencia simple no tiene ningún caso. Aquí el punto es que siguen matando mujeres en Guerrero, cada vez con más violencia, cada vez con más saña, cada vez con más frecuencia y eso es lo que tratamos de evitar”, expresó.
Por ello, insistió en que la Comisión Estatal de Derechos Humanos “acompaña” los trabajos de la Alianza Feminista y le resulta satisfactorio a la institución que se haya dado “un gran paso” al solicitar formalmente la Alerta por Violencia Género.
Feminicidios hasta que se demuestre lo contrario
El 14 de abril, El Sol de Chilpancingo publicó una entrevista concedida por el vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, José Antonio Bonilla Uribe, en la cual afirmaba que Guerrero no cumplía con los supuestos para declarar una Alerta de Violencia de Género.
De acuerdo con el vicefiscal, de los 791 homicidios de mujeres registrados de 2012 a la fecha, sólo 45 estaban tipificados como feminicidios. El resto, indicó, eran en su mayoría asesinatos cometidos por la delincuencia organizada y las víctimas tenían algún vínculo con los grupos criminales.
Cuestionadas al respecto, las mujeres que integran la Alianza Feminista de Guerrero acusaron de “desacato” a la Fiscalía estatal.
Recordaron que el 25 de marzo de 2015 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico en el que se determinó que, cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar su investigación con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa del hecho.
Dicho fallo estuvo sustentado en estándares internacionales, nacionales e incluso locales y con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación.
Bajo dicha argumentación, la Alianza Feminista insistió en que “todas las muertes violentas de mujeres son feminicidios hasta que se demuestre lo contrario”.
“Cualquier muerte violenta de mujer se tiene que investigar como feminicidio y descartar el móvil en el proceso de la investigación. Sólo entonces podrá decirse si fue o no feminicidio”, sentenciaron.
Advirtieron que el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, “está cayendo en desacato” al no aplicar este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, coincidieron en que al declarar que las mujeres asesinadas estaban involucradas en el narcotráfico “es una actitud violenta que las revictimiza”.
Por ello, exigieron que el fiscal “dé marcha atrás” y reconozca que “en Guerrero no hay un protocolo para la investigación de las muertes violentas de mujeres”.