Román Ibarra
Sigue en los medios de comunicación del Estado el tema de la deuda por laudos laborales que tiene el gobierno de guerrero, algunos organismos descentralizados del estado y un buen número de ayuntamientos de municipios de la entidad emitidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a favor de trabajadores de esas instituciones de gobierno, después de varios años de procesos, por despidos injustificados.
Llama la atención el escaso interés del propio gobernador y presidentes municipales en ese problema a pesar de la gravedad de este al pasar de $1500 millones en el mes de febrero a 2,300 millones en el mes de abril, incrementándose por lo que se ve varios millones de pesos al mes, existiendo el riesgo de volverse impagable como ya lo es en varios Ayuntamientos.
La razón por la que digo que no se ve mucho interés en resolver ese problema tiene que ver con el hecho de que no se haya incluido una partida presupuestal importante en el presupuesto de egresos del Estado para 2016 estando que permita resolverlo.
Otra muestra de la falta de ese interés es el rechazo de apoyo Incluso por los diputados ante la petición de Ayuntamientos de recursos para resolver ese problema.
Esa postura ha alentado a los presidentes municipales y a sus tesoreros a no pagar adoptando actitudes ambiguas.
Francamente no entiendo esa actitud, ya que las disposiciones jurídicas que regulan este problema indican que es imposible evadir el pago de esa deuda, beneficiándose con ello los trabajadores y sus abogados que verán incrementadas las cantidades que cobraran
Este es el marco en el que se explican los desplantes de algunos presidentes municipales y sus funcionarios del área de finanzas, como el caso de Acapulco cuya deuda por ese concepto es de 106 millones de pesos quienes dicen que pagan lo que deben los anteriores alcaldes o hacen obras, como si dependiera de ellos cumplir o no esa obligación, aunque la haya generado otro u otros alcaldes.
Otro caso es el de Atoyac, a quien le están descontando casi dos millones de pesos mensuales para ese rubro.
Coyuca de Catalán tiene el mismo problema con una deuda de diez millones de pesos. En el mismo caso está Cuajinicuilapa y Arcelia. Cutzamala debe 26 millones de pesos por este motivo, que representa más de 50% de los recursos para obras; Taxco adeuda 70 millones de pesos por laudos que ya causaron ejecutoria y 140 millones de pesos de juicios que están en proceso; Eduardo Neri (Zumpango) también tiene un problema de esta naturaleza provocado por ex regidores y un ex síndico vivales, con una deuda de 7 millones de pesos. Pìlcaya debe igualmente 55 millones de pesos; Tecpan adeuda 120 millones de pesos, quien se queja porque dice que de ello se benefician menos de 40 ex trabajadores, a quienes califica como vivales y quejándose del anterior gobernador por esa situación Tixtla debe 30 millones por ese mismo motivo.
Creo que lo que debe hacer el gobernador y los diputados del congreso local es hacer ajustes al presupuesto de manera que pueda reasignarse recursos para resolver ese problema de otra manera.
No pagar constituye un acto irresponsable de gobierno.
Esta situación debe dar lugar a una reforma a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado que establezca la obligación a los funcionarios de pagar de su bolsillo el monto de los laudos de los trabajadores que despidan sin causa justificada.
Seguramente eso detendría la actitud irresponsable de cada equipo de gobierno que llega al poder de despedir a quienes estaban laborando, aunque sean de su mismo partido sin importarles que demanden al gobierno y luego obtengan laudos favorables, que sumados generan el problema que se tiene hoy.