Jorge VALDEZ REYCEN
* Nestora: ¿alcanzará hoy su libertad?
* CNDH fue omisa en recomendación
* Astudillo exige se imparta la justicia
Nestora Salgado García dijo que habrá una fiesta hoy 18 de marzo, cuando la liberen.
Su caso, controversial en lo jurídico, podría estar contaminado por presiones políticas. Su cautiverio desde agosto del 2013 ha sido estandarte de lucha por parte de activistas sociales, pero estuvo soportado por acusaciones de delitos graves como homicidio, secuestro, robo, abusos sexuales a menores de edad y delincuencia organizada.
Nestora podría ser puesta en libertad hoy mismo, pero existe la especulación de que al pisar la acera de la prisión de Reclusorio Femenil de Tepepan podría ser detenida al ejecutarse otras órdenes de aprehensión que tiene “vivas”. El tiempo lo dirá.
Si la justicia existe para Nestora Salgado, entonces también debe existir para las víctimas de un sistema procesal indígena anticonstitucional, que bajo la Ley 701 pretende imponerse a los preceptos de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, cosa que es jurídicamente imposible.
Mucha tinta ha corrido en este caso, donde sesgadamente se ha mencionado a la mexicana-norteamericana de haber comandado a un grupo paramilitar que usó la ley indígena para acusar, detener y “reeducar” a sus víctimas, sin importar que no pertenecieran a ninguna etnia, situación que ha sido campo fértil para la especulación, ignorancia y desgarramiento de actitudes facciosas y hasta fascistas. Y ese dislate jurídico, por las lagunas de una Ley 701 que ha provocado que la llamada “justicia comunitaria” se deslice en terrenos movedizos, ha puesto en serios predicamentos jurídicos a la mismísima Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Estatal de Guerrero.
Todo este panorama complicado, se enredó aún más por una interpretación facciosa de dicha ley, que apoya los derechos indígenas en lo que se refiere a usos, costumbres y tradiciones, pero siempre y cuando no se anteponga a lo enunciado por la Carta Magna. Es decir: ningún pueblo mestizo, afromexicano o indígena puede ser autónomo en la aplicación de su derecho, pues debe regirse a lo estipulado por la Constitución General de la República.
El caso de Nestora Salgado podría marcar un antecedente nefasto al asumirse que la comandanta de la CRAC-PC, como policía-jueza en la aplicación de la Ley 701, sometía a su voluntad a quienes consideró delincuentes y les aplicó tratos inhumanos, crueles, violatorios de los derechos humanos, como encierros anticonstitucionales, sin derecho a un defensor y obligando a menores de edad a cortar leña, podar brechas con machete y limpiar potreros de los policías comunitarios como parte de su “reeducación”.
Al margen de todo esto, el gobernador Héctor Astudillo Flores ha buscado ser cuidadoso en exponer ante la opinión pública su postura de respeto al trabajo e independencia de los jueces y a la aplicación estricta de la ley.
Ya en otras entregas, analizaremos las recomendaciones de la CNDH emitidas en febrero pasado, en las que resalta, a primera vista, que las investigaciones realizada por los visitadores estuvieron salpicadas de errores, testimonios absurdos y sin el rigor jurídico que debió prevalecer.
La CNDH, vistas así las cosas, podría ver afectada su credibilidad y la confianza ciudadana.
Nos leemos mañana… SIN MEDIAS TINTAS.