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viernes, 27 enero , 2023

Averígüelo Vargas – Enrique Vargas

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Resentido y aislado, Sebastián de la Rosa renunció a la coordinación perredista.—Recomendaciones de la CNDH a gobernantes, para garantizar protección a periodistas

 

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Enrique Vargas

 

El diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez, quien, junto con lázaro Mazón, fueron los principales promotores de la candidatura de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala y después sus mejores defensores, anunció el martes su renuncia a la coordinación de la bancada perredista en el Congreso del Estado, la que nunca estuvo bien integrada, pues desde que se impuso su nombramiento, hubo un grupo, casi la mitad de los legisladores amarillos, que rechazaron su elección y desde entonces actuaron por su cuenta, sin tomar en cuenta los temas y las decisiones que buscaba imponer quien era visto como el “semicoordinador”, porque de hecho nunca pudo actuar como tal.

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Resentido por el hecho de que no le permitieron trabajar como el representante de la segunda fracción más grande de la actual legislatura, después de la del PRI, ahora Sebastián se lanza contra sus compañeros a quienes acusa de “sucumbir ante prácticas obsoletas y patrimonialistas, como el abuso del poder y el tráfico de influencias”.

Insistió en la conferencia de prensa a la que convocó para exponer sus razones que lo llevaron a la dimisión, que en el Congreso se les ha facilitado a los diputados perredistas que no están de acuerdo con él, que sólo busquen la defensa de sus intereses personales, por encima de cualquier compromiso social, hasta llegar a actitudes fuera de la legalidad.

Realmente llama la atención que Sebastián de la Rosa, apodado “el Zorrillo”, por el mechón blanco que adorna su cabellera, quiera presentarse como el adalid de la buena política, de las prácticas legales y éticas, porque a lo largo de su carrera se ha caracterizado por buscar el beneficio personal, a través de posiciones políticas diversas que le reditúen ganancias de todo tipo.

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Por lo pronto, deja como herencia una fracción perredista dividida, sin orientación política ni propósitos definidos, ya que al estar fragmentada de hecho abandona su posición como la segunda fuerza en el Poder Legislativo, porque pocas veces actúan en unidad y con los mismos objetivos.

La división se hizo patente cuando se dio la votación para elegir al Fiscal General del Estado, Xavier Olea, a quien la dirigencia nacional de ese partido reclamaba rechazar y dio línea en ese sentido a sus diputados, pero nuevamente mostraron su división y su ausencia como fracción legislativa, con propósitos comunes, pues unos votaron a favor y otros en contra de ese nombramiento.

De la Rosa le había marcado la línea de votar en contra, pero pocos lo hicieron y los que se unieron al PRI y el Verde, lograron que el nombramiento se diera en ese sentido, lo que hizo que el coordinador que no coordinaba, llevara la queja al CEN, con el reclamo de que se sancionara a sus compañeros por indisciplina, lo que se intentó hacer, pero recularon por la mala imagen que eso les iba a provocar.

Ahora Sebastián ya no coordina, aunque antes tampoco lo hacía, por lo que permanecerá como uno más de ese grupo, aunque habrá que esperar a ver si al hacerlo a un lado ya pueden ponerse de acuerdo y elegir a un coordinador real, que vuelva a colocar a la fracción parlamentaria perredista en el lugar que le corresponde, dentro de la Legislatura actual.

RECOMENDACIONES DE LA CNDH A GOBERNANTES, PARA GARANTIZAR PROTECCIÓN A PERIODISTAS.—Una amplia recomendación publicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida a los gobiernos estatales y municipales y a las secretaría de la Defensa Nacional y Marina, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la PGR, para capacitar e instruir a sus integrantes, a fin de evitar toda acción de acoso, presión y agresiones contra los periodistas en todas las acciones y especialidades que desarrollan, en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Demandó “garantizar la seguridad de los periodistas y comunicadores en actividades públicas, que por su propia naturaleza impliquen la presencia de medios de comunicación, debiendo prever las medidas y protocolos necesarios para reaccionar en casos de que se susciten agresiones en contra de éstos”.

La recomendación, la principal que ha emitido el ombudsman nacional en torno a la labor de los periodistas y comunicadores en general, indica que en esa profesión de periodistas quedan incluidos todos los que “que recaban, generan, procesan, editan, comentan, opinan, difunden, publican o proveen información a través de cualquier medio de difusión y comunicación, ya sea de manera eventual o permanente, lo que incluye a los comunicadores, a los medios de comunicación y sus instalaciones, así como a sus trabajadores.

Destaca que hay una marcada ausencia de fiscalías o unidades investigadoras que atiendan las agresiones contra periodistas y comunicadores y hace ver que el mayor número de los problemas se generan en estados como Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas, donde se generan 4 de cada 10 homicidios contra esos profesionistas, porque, además no tienen agencias investigadoras de delitos contra la libertad de expresión, por lo que les reclama proceder a integrar esas unidades.

No se cuenta con agencias dentro de las procuradurías y fiscalías, donde se atiendan ese tipo de casos, como se advierte en las ocasiones en que se dieron agresiones contra comunicadores, además de que nunca o casi nunca se esclarecen los ataques y hasta asesinatos que se han dado contra periodistas en activo, por lo que prevalece la impunidad.

Demanda la CNDH a los gobernadores promover en sus Congresos las leyes de protección a periodistas, que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas en el ejercicio de su profesión.

El ombudsman señala en la recomendación publicada en el Diario Oficial de la Federación que las autoridades a quienes va dirigida tienen 30 días para informar y mostrar las pruebas que indiquen el cumplimiento de esa recomendación.

En la situación actual, resulta indispensable que se proceda a dar cumplimiento a esa recomendación, en todos sus términos.

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