* El organismo internacional demandó al Estado Mexicano instrumentar las medidas necesarias para garantizar el libre acceso a la justicia y el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los ciudadanos
ALONDRA GARCÍA
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) advirtió que en Guerrero se vive una crisis de impunidad, inseguridad y violencia, por lo que llamó al Estado Mexicano a instrumentar las medidas necesarias para garantizar el libre acceso a la justicia y el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes.
Este miércoles, el organismo internacional presentó un informe de 242 páginas sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, y en el capítulo 4, sobre Violencia y Seguridad Ciudadana, dedicó un apartado especial a Guerrero.
El apartado se titula “La situación particular en el estado de Guerrero” y comprende de las páginas 81 a la 89. La CIDH abordó tres temas específicos: Ayotzinapa, Los Otros Desaparecidos en Iguala y las desapariciones ocurridas en la llamada Guerra Sucia.
Ayotzinapa
En el informe, la CIDH califica el Caso Ayotzinapa como “una grave tragedia en México, así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en el país y en particular, en el estado de Guerrero”.
De acuerdo con el organismo, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 demuestra “las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos”, así como “la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes”.
La CIDH reprobó la falta de actuación del gobierno estatal y la tardía intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) la misma noche en que ocurrieron los hechos.
Destacó que fueron los propios estudiantes y sus familiares quienes consolidaron la lista completa de 43 desaparecidos, mientras que la PGR “se tardó ocho días en colaborar con las investigaciones en el caso”.
El organismo defensor de los derechos humanos también se refirió al trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Destaca que el informe y primeras conclusiones del GIEI, presentadas el 6 de septiembre de 2015, apunta a “una serie de irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales”.
La CIDH respaldó la investigación realizada por el GIEI, la cual refuta a la “verdad histórica” de la PGR y desmiente que los 43 normalistas desaparecidos fueran incinerados en el basurero de Cocula.
El organismo también respaldó la versión de la existencia de un quinto autobús involucrado la noche de los hechos y critica que éste no se haya investigado ni se hayan tomado las declaraciones de los choferes.
“Hubo videos cuyo contenido fue borrado, algunas áreas del crimen no fueron revisadas, las autopsias fueron mal realizadas y algunas de las personas detenidas entre octubre y diciembre de 2014 alegaron haber sufrido abusos, malos tratos y torturas por parte de las fuerzas de seguridad”, abunda el informe de la CIDH.
También critica que a menos de un mes de terminar el mandato del GIEI, el Estado Mexicano aún no autorice que los expertos se entrevisten con los militares del 27 Batallón de Infantería, los cuales, afirma, “estuvieron presentes durante los hechos”.
El informe destaca que “la decisión de permitir acceso o no a que los integrantes del GIEI entrevisten a los soldados, recae en el presidente de la República (Enrique Peña Nieto) y no en los líderes castrenses”, por lo que ha sido él quien se ha opuesto a las reiteradas solicitudes de los expertos independientes.
Los otros desaparecidos en Iguala
El informe también hace mención de Los Otros Desaparecidos, un colectivo surgido en Iguala que integra a más de 400 familias, las cuales se reúnen para realizar sus propias búsquedas de fosas clandestinas “con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos desde 2007”.
La CIDH advirtió que “todos estos casos se encuentran en la impunidad” y que “la gente se queda callada por temor a desaparecer”.
“Durante la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa fueron halladas 60 fosas colectivas clandestinas en dicho municipio, donde se han encontrado hasta el momento 129 cadáveres. A la fecha, se habrían identificado a 16 de estas personas”, se lee en el informe de la CIDH.
El organismo también destaca que “la incapacidad institucional para atender el problema es la razón por la cual los propios familiares sean quienes están llevando a cabo sus propias búsquedas de fosas clandestinas en Iguala”.
En el documento, la CIDH reitera su especial preocupación ante la situación de inseguridad en el municipio de Iguala y hace un llamado al Estado Mexicano a “adoptar medidas a fin de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes de Iguala, así como adoptar medidas de protección para los familiares de los Otros Desaparecidos de Iguala”.
Las desapariciones en la Guerra Sucia
El tercer tema sobre Guerrero al que hace mención el informe de la CIDH es la desaparición de personas durante la llamada “Guerra Sucia”.
“Varias organizaciones de la sociedad civil han planteado a la Comisión que la represión, la cultura de impunidad y arbitrariedad, y la falta de justicia que existe en Guerrero desde la época de la guerra sucia, ha facilitado que subsista, en la actualidad, un contexto de violencia generalizada y de graves violaciones de derechos humanos similares a las que ocurrieron en el pasado”, se lee en el primer párrafo de este apartado.
Detalla que desde finales de los años 1960 al final de la década de 1970, el Estado Mexicano “aplicó una estrategia de contención política y social denominada como Guerra Sucia para contener y destruir grupos disidentes reales o percibidos.
En este contexto, indica, se habrían cometido numerosas desapariciones forzadas, además de masacres y torturas cometidas tanto por las fuerzas armadas militares o policías civiles.
En este tema, la CIDH consideró que “el Estado tiene una deuda pendiente en materia de justicia con las víctimas” y recomienda al Estado “realizar investigaciones serias, rápidas e imparciales en todos los casos de desapariciones que queden pendientes por resolver y sancione a los responsables”.
Asimismo urgió al Estado a registrar a las víctimas que no fueron incluidas en el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para “consolidar un registro de personas desaparecidas durante esta época, así como para otorgar una reparación integral”.