Bernardo Torres
El estado de Guerrero es de los últimos cuatro restantes por aplicar el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, junto con Tamaulipas, Baja California y Veracruz y donde mayor retraso se tiene en materia de capacitación, así lo dio a conocer Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República (PGR).
Durante un mensaje a medios en la Sala de Prensa de la Dirección General de Comunicación Social en Reforma 03, de la Ciudad de México, dio a conocer que hasta ahora se lleva un avance del 90 por ciento en todo el país, y ese 10 por ciento está conformado por ocho estados donde no se ha concluido el proceso, siendo estos cuatro donde existe el mayor retraso.
Precisó que hasta ahora en 15 entidades ya se está aplicando la nueva reforma al cien por ciento, y para el último día del mes de febrero se incorporarían nueve más, entre ellas el estado de México, y el Distrito Federal, por lo que el restante no se considera un atraso, sino un proceso de gradualidad.
Expuso que el gobierno federal está interviniendo a través de la Secretaría Técnica a cargo de la Secretaría de Gobernación Federal, pero no de manera directa en los estados.
Insistió en que hasta este momento se lleva el 90 por ciento de capacitación y avance, y se han involucrado a la capacitación de los actores del Nuevos Sistema de Justicia Penal la Dirección de Formación Profesional y el INACIPE, de tal suerte que restaría el 10 por ciento para completar el proceso, que se espera esté terminado en el mes de junio.
“Estamos terminando en el mes de junio, para ya estar con los preparativos y una vez que inicie la vigencia del Código Nacional en todo el territorio nacional, entraremos a una segunda fase para generar dinámicas donde vayamos viendo posibilidades de ir sobre todo impulsando y generando esta capacitación” dijo.
El motivo de dicho acto, fue informar a los medios de comunicación
En los estados donde se llegará a concretar el nuevo modelo de justicia, precisó no habría sanciones, pues se trata de un paso democrático que se está tratando de dar en materia de justicia; sin embargo habría graves consecuencia en la impartición de justicia en las entidades.
A la pregunta expresa de lo que pasaría donde no se cumpla con dicha reforma
—¿Se colapsaría el sistema de no cumplir con lo establecido?
—Es correcto, en efecto, cualquier sistema y en cualquier experiencia que ha habido en América Latina, ha habido una dinámica más allá de ir generando un compromiso, a corto, mediano y largo plazo, de ir mejorando el sistema cuando inicia, pero obviamente estaríamos hablando por supuesto que de esa circunstancia por la cual estamos todos muy conscientes de que no vamos a permitir, y así ha sido y ha quedado claro que se ha de llegar a buen puerto, en cada uno de los operadores. (API)