* “Hay compañeros que no tienen brazos o piernas, otros enfrentan padecimientos mentales o enfermedades crónico degenerativas”, como resultado de sus actividades como policías, denuncian unos 40 agentes, que aseguran son más de 200 los afectados
Gilberto Guzmán / Jesús Saavedra
Agentes de la Policía Ministerial (PM) que gozan de incapacidad para desempeñar sus funciones, protestaron este viernes en la oficina de la Fiscalía General del Estado para denunciar que no se ha detenido una averiguación previa en contra de más de 200 elementos por “hechos dolosos” en agravio de la sociedad, y propusieron que si quieren sus plazas de trabajo, que se les liquide conforme a la ley.
El jueves de la semana pasada, el fiscal Xavier Olea Peláez tuvo una reunión con los agentes de la PM, a quienes se le inició una averiguación previa debido a que la FGE considera que su incapacidad médica que tienen no justifica su ausencia laboral y en ese encuentro se comprometió a detener esa acción judicial para analizar los casos y que esta semana tendrían una nueva reunión, la cual no se realizó.
En la manifestación participaron alrededor de 40 agentes que coincidieron en que los afectados podrían ser más de 230 elementos.
Indicaron que los afectados están relacionados con el acta ministerial DGCAP/AA/0183/2015, mediante la cual la FGE solicita copia certificada de los expedientes de cada uno de los agentes que gozan de incapacidad definitiva.
Son parte de los agentes ministeriales a los que se refirió el entonces aspirante a Fiscal, Javier Olea Peláez, al comparecer ante el Congreso del Estado como parte del procedimiento de su designación, cuando dijo que en la PME había al menos 300 elementos que cuentan con incapacidad definitiva, que cobran sin trabajar.
Entonces, Javier Olea –hoy Fiscal—, dijo que una parte importante de esos 300 elementos operaban para el crimen organizado, y anunció que de asumir el cargo se enfocaría en revisar esa situación y recuperar las plazas para asignarlas a agentes en operación, y que en los casos donde se confirmara un vínculo con el crimen se iniciarían los procesos pertinentes.
La revisión comenzó el 12 de enero y algunos de los policías que se encuentran de incapacidad han expuesto el por qué tienen ese beneficio.
El agente Jesús Garibo Hernández, quien convalece desde hace 27 años debido a una agresión a balazos que sufrió en Acapulco, cuando pretendía ejecutar una orden de aprehensión, denunció que la Fiscalía pretende correrlos “a la malagueña, sin darnos nada; haría un llamado al gobernador que nos dé oportunidad a los más de 200 compañeros que estamos incapacitados”.
Dijo que no van a “dejar que nos quiten nuestro trabajo, tenemos familia que mantener, ya no aguantamos, nunca me arrastré, servía mi pueblo, no tuve padrino, ahorita que me encuentro en una etapa final me están corriendo, iniciaron una averiguación previa, el fiscal no es bien visto, su designación fue por dedazo”, se quejó.
Explicó que se le inició una averiguación previa por el delito de “hechos dolosos en agravio de la sociedad, no sé a quién agravié, ahora me quieren ver como delincuente, a ellos los deben de buscar, a mí me dieron 8 balazos, traigo una bala aún dentro del cuerpo, traigo un trasmallo de retención muscular, tengo cinco cirugías y por dentro de mi piel traigo una retención muscular, recibo tres mil pesos a la quincena y eso me quieren quitar”, aseveró.
Otra señora con más de 30 años de servicio y que pidió omitir su nombre, pero que acreditó que es jefa de zona de la PM, indicó que “nuestra posición es que el gobierno nos den el seguro de vida que nos corresponde, no queremos un conflicto que nos pague lo que es y adiós, soy coordinadora de zona con 38 años de servicio, 60 años de edad, que nos finiquiten, que nos nivelen el salario, nos manifiestan que el gobierno no tiene dinero, pero en su momento servimos a la sociedad, hay compañeros incapacitados, estamos mal de salud, somos 230 compañeros”.
Dijo que “el jueves de hace semana sostuvimos una reunión (con el fiscal) y se comprometió a que esta averiguación previa se iba a detener, al no ejercicio de la acción penal estábamos contentos, lo subió a las redes de la Fiscalía, pero ayer nos informaron que siguen trabajando en la averiguación y que tienen una actuaria en las oficinas administrativas de Acapulco del ISSSTE para integrarnos bien la averiguación”, añadió.
Y dijo que si en la Fiscalía “quieren nuestras plazas nosotros se las damos, pero que nos jubilen conforme a derecho, tenemos más de 30 años de servicio y merecemos nuestra pensión al cien por ciento, él nos prometió que nos iba a dar por escrito, pero siguen trabajando la averiguación previa contra nosotros”, finalizó.
Otro elemento incapacitado es Rey David Hernández Flores, quien acusó que la FGE pretende forzarlos a firmar una baja voluntaria, con la intención de que no tengan derecho a cobrar las prestaciones que les otorga la ley.
Los inconformes mencionaron que el seguro de vida, que en tiempos del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo era de un millón 500 mil pesos, bajó ahora a 650 mil.
“El problema es que a veces hacen que los compañeros firmen por 900 mil pesos, pero en realidad les dan 650 o 700 mil, nadie sabe en dónde quedan los 200 o 250 mil restantes”, indicó Hernández Flores.
Mencionó que “si ya no nos quieren por la pedacera que somos, pues que nos liquiden conforme a la ley, así nosotros quedamos pensionados porque sabemos que nuestras plazas no son hereditarias”.
Dijeron que es injusto lo que la FGE pretende hacer al quitarles sus plazas, porque “hay compañeros que no tienen brazos o piernas, otros enfrentan padecimientos mentales o enfermedades crónico degenerativas”.