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martes, 5 julio , 2022

Gobierno de Astudillo debe escuchar a la sociedad de Guerrero

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* Al participar en el foro sobre seguridad y justicia, el investigador dijo que la nueva administración debe estar abierta a las opiniones de los ciudadanos para comenzar a resolver los problemas

 

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* El gobierno que encabeza Astudillo Flores se debe preguntar “¿qué cosas puedo y es factible cambiar?”, antes de ofrecer “cosas que no pueda cumplir”

 

* “No existe ninguna fuerza policiaca local con el armamento, tecnología y/o capacidad organizacional que pueda competir con las organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero”, advirtió

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Jesús Saavedra/Fernando Hernández

 

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Después de asegurar que en Guerrero se percibe un cambio en materia de políticas públicas para generar condiciones que cambien la situación de violencia e inseguridad, que afecta gravemente a miles de familias en la entidad, aunque advirtió que no se puede esperar que estos problemas se resuelvan en los próximos 6 años, el investigador Antonio Alonso Concheiro, dijo que es indispensable que el gobierno de Héctor Astudillo plasme el sentir de la sociedad en el Plan Estatal de Desarrollo (PED).

Alonso Concheiro acudió este lunes a Casa Guerrero para participar como ponente en el foro para la elaboración del PED en materia de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, y al concluir el evento hizo declaraciones a medios en las que aseguró que los guerrerenses deben tener “esperanza” de que se pueda cambiar el desfavorable escenario de violencia y de inseguridad, aunque no en el corto plazo.

“Creo que sí hay esperanza de que la situación tan delicada cambie, (pero) hay que actuar con prontitud y de manera selectiva; no toda la violencia es igual, ni toda la urgencia es la misma y los costos de cada una de las acciones son iguales, pero creo que en cinco años es tiempo suficiente para notar un cambio de timón, un giro para que Guerrero empiece a funcionar de una manera diferente”, aseveró.

Alonso Concheiro subrayó que los guerrerenses esperan que en el PED se “recogerán las opiniones vertidas en los foros de consulta y que realmente se pongan en marcha; que el PED no sea un documento que adorna un librero de un funcionario, sino una norma de actuar que permita incluso tener algunos indicadores de gestión que permitan ir viendo si se está mejorando o no, para poder cambiar el rumbo, innovar o modificar las cosas que se están haciendo”.

“Creo que sí depende mucho de que el estado esté abierto a la sociedad civil, y parece estarlo, porque estoy seguro que si el gobierno escucha a la sociedad civil y la sociedad civil está abierta a las propuestas del gobierno, va a ser más fácil que el estado completo avance en la dirección adecuada”, agregó.

Y puso como ejemplo el tema de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, “si a mí me sucediese algo en este momento ¿iría a denunciar el crimen?, seguramente no, porque no tendría confianza que vaya en mi beneficio; sé que me van a tener varias horas en la denuncia, a lo mejor hasta la noche y que al final de cuentas me van a decir que se va a iniciar un proceso y que a lo mejor dentro de diez meses o un año me llaman para que me entere de cómo está el proceso el asunto”.

Precisó que si eso “cambiase, y eso se puede cambiar, habría más participación ciudadana y denuncia”, aunque esto supondría un riesgo para la efectividad de las instituciones, porque si “el 97 por ciento de los crímenes no son denunciados, ¿qué pasaría –en un sistema que hoy está rebasado— si de pronto el 30 por ciento de los delitos si fuese denunciado?”

Entonces advirtió que si eso ocurre “y si no hay esa capacidad todavía” por parte de las autoridades para atender esas denuncias, “va a ser peor la percepción ciudadana de que no se atienden los problemas y para qué me invitan a denunciar, si después no tendrán la capacidad de responder”.

Alonso Concheiro sugirió que el gobierno de Astudillo Flores “debe ser cuidadoso y no ofrezca cosas que no pueda cumplir, y que ofrezca cosas que sí puede realizar; mi percepción es que están haciendo las cosas correctas hasta ahora, pero no puedo garantizar que siga el gobierno funcionando en la dirección adecuada con el tiempo, pero hasta ahora lo que he percibido es que sí están interesados en que haya un cambio de timón y que en lugar de mostrar que en el 2015 hubo un deterioro, puedan decir que entre el 2015 y 2021 hubo una mejoría, aunque no se hayan resuelto los problemas”.

Se cuestionó el cómo van a resolver el problema de la pobreza en Guerrero, “si es un atraso que tiene décadas”, por lo que consideró que sería un avance “que por lo menos” el gobierno pueda informar “que se está disminuyendo la situación de familias en pobreza extrema y se disminuye por tales razones. Lo que debe de interesar al gobierno es cambiar el rumbo y creo que eso es factible, pero tampoco creo que vayan a resolver todos los problemas de violencia e inseguridad, no, pero si es factible que en seis años haya un cambio de rumbo”.

El investigador precisó que va a seguir habiendo rezagos, porque “Guerrero, desafortunadamente, no solo en el rubro de inseguridad, de violencia, está posicionado como de los estados que tiene mayores problemas; también es cierto que los tiene en educación, en infraestructura, en salud y no puede uno esperar que se resuelva todo”.

“Creo que se puede plantear una nueva manera de gobernar, con una visión diferente incluso, porque ¿qué pasaría si en Guerrero no hay una intervención distinta de lo que hasta ahora ha habido, hasta dónde llegaríamos en el año 2021 o en el año 2031, o en el 2050, eso nos permitiría decir que no podemos permitir que las cosas sigan la tendencia natural, tengo que romper algunas tendencias, tengo que hacer algo distinto, más de lo mismo me va a llevar a más de lo mismo”, afirmó.

Alonso Concheiro consideró que para mejorar la situación que vive el estado, el gobierno de Astudillo Flores se debe de preguntar “¿qué cosas puedo cambiar y es factible cambiar?, (porque) si yo requiriese por poner algunas cifras, destinar el 8 por ciento del producto estatal a Salud, el 8 por ciento a Educación, el 8 por ciento a Transporte, pues basta con que me siente y haga la cuenta, y va a decir no puedo, no es factible”.

Explicó que “como ciudadano no puedo esperar que el gobierno de Guerrero responda a todas esas cosas, (pero) sí puedo decir cambió la manera como está haciendo las cosas y eso está produciendo resultados que están mejorando”, agregó.

Alonso Concheiro insistió que si en el gobierno del estado tienen “claro que hay cosas que se pueden lograr en cinco años, cosas que se pueden lograr en tres, cosas que se van a lograr en uno y cosas que no se van a lograr antes de 20 años, las expectativas de la población serían muy distintas”.

“Lo que hay que hacer es tener un programa o un PED realista y no tener expectativas de que todos se va a resolver; si esto ocurre, creo que el gobierno será exitoso; pero si el gobierno promete que va a resolver todos los problemas en seis meses, yo dejo de creer en el gobierno”, finalizó.

 

No hay policía local con capacidad

para enfrentar a grupos criminales

 

Antes, al participar en el foro, Alonso Concheiro aseguró que “el establecimiento del Mando Único en Guerrero puede ser un instrumento para disminuir la inseguridad solo si va a acompañado de un conjunto de acciones complementarias”, además que aseguró que “la mayor parte de las estrategias centradas en la captura de los narcotraficantes, no han tocado de manera sustantiva el corazón del crimen organizado, que son sus millonarios ingresos”.

Agregó que se estima que en el estado están activas por lo menos nueve organizaciones criminales, lo que representa una fragmentación que, lejos de debilitar al narcotráfico, ha propiciado una mayor capacidad de control de las organizaciones delictivas en las comunidades y pueblos, advirtió.

En la presentación de su ponencia explicó que, desde su punto de vista, no existe ninguna fuerza policiaca local con el armamento, tecnología y/o capacidad organizacional que pueda competir con las organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero, y recordó que a finales de la primera década de este siglo, la violencia estaba cerrada a un círculo en que los grupos delictivos mantenían una batalla por el control de las plazas entre ellos.

Sin embargo, “hoy las nuevas organizaciones del narcotráfico que operan en Guerrero emplean la violencia, no sólo para comunicar su capacidad de poderío entre sus competidores o con las autoridades, sino para intimidar a prácticamente todos los habitantes de estas comunidades”, puntualizó.

El analista precisó que en Guerrero los esfuerzos por combatir a los grupos delincuenciales han sido “desorganizados”, situación que se debe a la capacidad de las organizaciones delictivas para penetrar a las instituciones gubernamentales. “Más allá de ellos, los enfoques que tienen que ver con suspender a las policías municipales y remplazándolas por las diferentes mezclas de policía del estado y de la Federación, con la participación del Ejército y la Marina, se han mantenido a pesar de que han demostrado su insuficiencia”.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez puntualizó que ahora en Guerrero se siente la existencia de un gobierno.

“En Guerrero hoy hay gobierno, en Guerrero va con usted (dijo refiriéndose al gobernador Héctor Astudillo) en el camino a tener paz y orden. Guerrero necesita un sistema de procuración de justicia eficiente, transparente y de absoluta honestidad; lamentablemente en otros gobiernos ello no aconteció, sin embargo hemos tenido diversos acuerdos internos en la Fiscalía para que las víctimas del delito sean atendidas con prontitud, esmero y respeto, y que las investigaciones se resuelvan dentro de un máximo de cuatro meses”, aseguró.

Indicó que en menos de un mes, la fiscalía está dando cuenta de avances en la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robes Pierre Robles Hurtado, llamó al gobierno del estado a que se destinen más recursos al Poder Judicial porque la falta de estos podría generar complicaciones en la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

 

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