* Marco Leyva Mena dijo que las presiones de la delincuencia organizada son “una realidad de todos los municipios en el país” y que el riesgo “viene implícito con el cargo”

 

* Ambrosio Soto, primer edil de Pungarabato, denunció que apenas el fin de semana pasado “los delincuentes me mandaron decir que estaba sentenciado a muerte”

 

Fernando Hernández / Redacción

 

Los alcaldes de Chilpancingo y Pungarabato, Marco Antonio Leyva Mena y Ambrosio Soto Duarte, denunciaron, por separado, que han recibido de amenazas por parte de grupos del crimen organizado, y cuando menos el primero de ellos dijo que presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales el próximo viernes o a más tardar el lunes.

Entrevistado ayer en las instalaciones de la Feria de Chilpancingo, el priísta Leyva Mena dijo que hacer unos 25 días recibió la más reciente llamada telefónica en la que lo amenazaron a él y a su familia, por lo que admitió que de manera particular decidió aumentar el número de elementos que conforman su escolta.

“Para nosotros los alcaldes es un problema serio que no lo puede uno pasar desapercibido, mi cuerpo de seguridad lo he reforzado, también es cierto que los alcaldes priistas, ante una convocatoria que nos pueda hacer el gobernador –Héctor Astudillo Flores—, estamos atentos a hablar sobre temas de seguridad”, precisó Leyva Mena.

Consideró que el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo, ocurrido el fin de semana pasado, “denota la capacidad” que tienen los grupos de la delincuencias organizada para “romper los cuerpos de seguridad de los presidentes municipales”, por lo que como autoridades municipales “tienen que responder con la Ley en la mano para no dejar que la delincuencia organizada penetre” en los gobiernos municipales.

A pregunta expresa sobre lo que hará ante las amenazas que ha recibido, Leyva Mena dijo que está preparando la denuncia que habrá de presentar el próximo viernes o a más tardar el lunes de la próxima semana.

Aseguró que “yo no me he acercado al crimen organizado, yo lo que he recibido son amenazas por la vía telefónica, contra mí y mi familia y mis seres queridos; yo lo he repetido de manera constante, esta es una realidad de todos los municipios en el país, con toda franqueza, viene implícito con el cargo”.

Cuestionado sobre el anuncio del gobernador en el sentido de que el seis meses quedará instalado el Mando Único, dijo que se trata de la “cesión de las actividades de policía y seguridad al gobierno del estado” de manera coordinada, no impuesta.

Sobre el manejo de los recursos financieros que reciben los municipios por parte de la federación provenientes del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), Leyva Mena dijo que seguramente los municipios, “en el ámbito de su autonomía, también tendrán la facultad de usar parte de esos recursos” y podrán “hacer las contrataciones de las policías municipales que se requieren”.

Aseguró que “yo seguiría teniendo el control” de los 115 policías municipales que hay en Chilpancingo, aparte de las contrataciones necesarias de más elementos que pueda hacer su administración, “pero la estrategia general será coordinada por el gobierno del estado”, dijo.

Reconoció que no se ha podido frenar la ola de asaltos y robos en el centro de la ciudad, pero aseguró que su administración, con los policías municipales que le quedan, está trabajando para formar un “cinturón de seguridad en el centro” de Chilpancingo.

“Nosotros ya traemos una estrategia de poner alarmas en varias casas de la avenida Alemán, lo vamos a hacer en la avenida Álvarez y lo estamos haciendo en la unidad habitacional del Infonavit”, explicó.

Recordó que el ex alcalde Mario Moreno Arcos dejó firmado un convenio para instalar el Mando Único policiaco en el municipio, pero todavía se tendrá que establecer coordinación con instancias como la Policía Federal y otras corporaciones.

Ambrosio Soto sigue recibiendo amenazas, denuncia

Por separado, Ambrosio Soto Duarte, alcalde perredista de Pungarabato, municipio de Tierra Caliente, quien hace una semanas denunció que un grupo criminal le exigía una cuota de 3 millones de pesos para dejarlo gobernar, declaró a Reforma este miércoles que apenas el pasado fin de semana fue amenazado de muerte.

“A través de algunos familiares los delincuentes me mandaron decir que estaba sentenciado a muerte”, dijo el perredista al corresponsal de ese diario, luego de señalar que esta situación ya se la hizo saber al comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.

Precisó que “desde hace semanas tengo protección policiaca y apenas hace unos días también mi familia tiene seguridad oficial para evitar que nos pase algo”, mencionó.

Soto Duarte explicó que las amenazas en su contra por parte de la delincuencia se deben a que se negó a darles dinero del erario público a los criminales y a designar como director de Obras Públicas en su administración a una persona que le propusieron integrantes de la delincuencia organizada, pero no reveló el nombre de quien le fue propuesto.

Según el alcalde, las anteriores autoridades municipales de Pungarabato estaban sometidas por la delincuencia.

“La mayoría de los policías municipales no brindaban seguridad a la ciudadanía, sino estaban al servicio de la delincuencia”, aseguró a Reforma Soto Duarte, quien precisó que “el que gobernaba el Municipio era el jefe de la plaza y la autoridad”.