Lo prioritario, la seguridad pública, que se cubrirá con el Mando Único: Astudillo.— Los alcaldes, convertidos en objetivo de la delincuencia organizada

 

Enrique Vargas

 

La seguridad pública resultó sumamente dañada desde que el panista Felipe Calderón se aventó la puntada de declararle la “guerra al narcotráfico”, que finalmente resultó ser una acción equivalente a darle de patadas al avispero, porque no logró controlar nada y si, en cambio, se abrió un combate indiscriminado de los cárteles contra la policía y el Ejército, que dejaron a la sociedad civil en medio y expuesta a toda clase de problemas y a una inseguridad y violencia muy marcadas que cambiaron la vida en todo el país.

Realmente resulta bastante sencillo descomponer las cosas cuando se toman medidas equivocadas, como sucedió por ejemplo en 1994, al entrar Ernesto Zedillo a la Presidencia, momento en que se dio el llamado “error de diciembre”, por decisiones equivocadas y malas acciones ejecutivas del nuevo mandatario y del saliente, Carlos Salinas, se provocó una enorme crisis económica, que arrastró a la economía nacional a una de sus peores etapas, y que requirió de mucho tiempo para que pudiera darse una recuperación que aliviara un poco las malas condiciones en que se colocó a la sociedad.

Ese error de Calderón lo seguimos sufriendo hasta ahora con cárteles del narcotráfico que han ampliado sus acciones a otros niveles de delincuencia organizada, situación que se ha enseñoreado en Guerrero, por ser un territorio de paso de toda clase de drogas y de producción de marihuana y pasta de amapola para otras drogas más fuertes, como la heroína y otros derivados.

La situación se descompuso en mayor medida en Guerrero por el descuido y la inacción de los tres gobiernos anteriores, por lo que al gobierno que ahora inicia de Héctor Astudillo Flores le tocó recibir una herencia envenenada, que no es fácil revertir de ninguna manera, porque no siquiera se cuenta con una corporación policiaca suficiente en número y mucho menos en preparación y capacitación.

Ahora, el mandatario ha puesto como plazo los próximos 6 meses para que pueda echarse a andar el esquema del Mando Único Policiaco, porque hizo ver que se requiere contratar elementos hasta contar cuando menos con unos 15 mil, lo que no resulta fácil porque la paga no es tan atractiva y en cambio los riesgos son bastante reales, lo que hace que los jóvenes que podrían ser aptos para ser enrolados no lo vean con mucho entusiasmo que digamos.

Astudillo tiene claridad de la situación que enfrenta y también de las acciones que deben desarrollarse para contar con una corporación policiaca que pueda dar un mínimo de seguridad a los habitantes de todo el estado, aunque hay regiones que son muy complicadas.

Seis meses puso como plazo el gobernador HAF para quedar en condiciones de dar respuesta a las bandas delincuenciales que operan en el estado, con el establecimiento y puesta en marcha del Mando Único, que se espera esté en condiciones de responder a las necesidades que se plantean en la actualidad.

Sin embargo, la presencia y la ayuda del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Gendarmería se mantendrán como indispensables para que mientras se logra armar y operar la policía del Mando Único, se mantenga el necesario y suficiente combate a la delincuencia organizada que en Guerrero logró un gran crecimiento y una presencia permanente y preocupante.

LOS ALCALDES, CONVERTIDOS EN OBJETIVO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.— Antes, los empresarios, la gente con niveles de vida de la media para arriba y algunas veces hasta los que estaban por debajo de esa media y otros miembros de la sociedad, eran los objetivos primarios de los delincuentes que los secuestraban y extorsionaban, situación que no se ha superado, sino que ahora han agregado a ese grupo de riesgo a los presidentes municipales.

A esos funcionarios, los más cercanos a la sociedad, los ha clasificado la delincuencia organizada como proveedores de recursos públicos y de puestos dentro de las corporaciones policiacas municipales, por lo que se acercan a ellos para presionarlos y reclamarles que se les abra la posibilidad de “cogobernar” o casi.

El caso de la alcaldesa asesinada en Morelos, en su propia casa, es señal de que recibía presiones y exigencias de los delincuentes, aún antes de que arrancara su periodo constitucional y como ella lo rechazó y canceló toda posibilidad de ceder a sus exigencias ilegales, la ejecutaron frente a su familia.

En Guerrero hay varios casos, como el alcalde de Pungarabato, quien anunció que renunciaría al cargo si no se le brindaba la protección policiaca suficiente, pues señaló que era objeto de presiones y amenazas de la delincuencia que opera en su municipio y en toda la Tierra Caliente del estado.

Para no ir tan lejos, el propio alcalde de la capital del estado, Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, también aceptó que ha sido objeto de presiones y amenazas en su contra y de su familia, por integrantes de la delincuencia organizada, quienes exigen que “se les integre” al presupuesto del municipio y hasta en algunos puestecitos, desde los cuales puedan “trabajar”.

No hay duda que la situación ha alcanzado niveles de preocupación, por lo que el respaldo y la acción de las fuerzas federales es ahora más que necesario, porque de hecho los municipios no tienen con qué enfrentar esas peligrosas amenazas de la delincuencia que ha alcanzado una presencia y acciones que cada vez son más peligrosas y en niveles que ni siquiera se imaginaban anteriormente.

El gobierno de Astudillo hace su mejor esfuerzo para enfrentar tan mala situación y tiene, además, un gran apoyo federal, que permite que las actividades se mantengan dentro de cierta normalidad, pero no hay duda que se requiere el apoyo y la participación de todos los guerrerenses en respaldo al gobernador, que muestra sus mejores intenciones y la voluntad para sacar al estado del grave deterioro en que se lo entregaron.

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