* PGR violentó la cadena de custodia
* No respetó el protocolo de actuación
* Se deberían fincar responsabilidades
JORGE VALDEZ REYCEN
De acuerdo a los nuevos lineamientos aprobados en la X y XI Conferencia Nacional de Procuración de Justicia –que aglutina a la PGR y todas las Fiscalías y Procuradurías del país— se implementaron nuevos protocolos de actuación y cadenas de custodia por parte de las autoridades ministeriales, como una forma de profesionalizar y hacer más dinámico y funcional el trabajo del Ministerio Público, peritos y policías investigadores.
De lo anterior, se desprende que los postulados acuerdos, planes y estrategias aprobadas en el pleno de dicha conferencia de procuración de justicia, han sido un fiasco o, mejor dicho, un rotundo fracaso en su implementación aquí en Guerrero.
La PGR conoció entre el 8 y 11 de diciembre una denuncia anónima sobre 19 personas privadas de la vida por arma de fuego, semi calcinadas y algunos restos humanos en un paraje de la comunidad El Naranjo, municipio de Chichihualco.
La dependencia federal, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, envió a Joaquín Torres Osornio, jefe de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, quien viajó al lugar del reporte, en seguimiento a la denuncia anónima. Para ello solicitó la custodia de personal de la Secretaría de Marina-Armada de México, quienes implementaron el protocolo de preservación del lugar y un grupo de peritos de la PGR examinaban la barranca y el 14 de diciembre lo confirmaron en Iguala al grupo “Familiares de los Otros Desaparecidos”. Y éstos a su vez lo filtraron a los medios y se hizo el escándalo mediático, sensacionalista y de franca apología a la violencia.
La PGR violentó la cadena de custodia y el protocolo de actuación al NO dar parte a la Fiscalía General de Guerrero, para que instruyera a un Ministerio Público, peritos y Policías Ministeriales a iniciar los protocolos de actuaciones ministeriales (que por ley están obligados a cumplir, cuando ocurra uno o varios homicidios).
Tampoco solicitó que personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) acudiera a la exhumación de cuerpos, para su traslado al anfiteatro en la capital del estado, donde se debieron realizar las pruebas periciales correspondientes que determinen sexo, edades, causas de la muerte, entre otros, de las víctimas.
¿Por qué Torres Osornio no dio parte a la FGE y sí a los familiares de personas desaparecidas? ¿Por qué les pidió silencio y discreción, cuando debió él mismo respetar la cadena de custodia y protocolo de actuación en las indagatorias ministeriales? La omisión deliberada del servidor público federal, vulneró los acuerdos de una procuración de justicia coordinada y profesionalizada, además puso en evidencia a toda la estructura de la Fiscalía General como un órgano inexistente, al que no reportaron la denuncia anónima ni procedieron conforme al protocolo.
Ahora, la PGR deberá reponer el procedimiento y dar parte a la Fiscalía guerrerense, a pesar de las torpezas, inconsistencias y desaseo de actuaciones de parte del jefe de la Unidad “Especializada”, Torres Osornio, que ya generó un problema del que se podrían derivar responsabilidades de tipo penal.
El silencio de la FGE y de Xavier Olea Peláez en nada contribuye a generar confianza y certeza de su actuación, al contrario, crea confusión y robustece la percepción de que desconoce dichos acuerdos, protocolos y cadenas de custodia aprobadas en la Conferencia de Procuración de Justicia. Además, la PGR le impondría un veto a su actuar, al no tener certificación ni exámenes de confianza aprobados.
Vaya galimatías en la procuración de justicia… Nos leemos, SIN MEDIAS TINTAS.