Desapariciones, penas y funcionarios que apenan

 

JESÚS LÉPEZ

 

No existe peor dolor para las familias que la desaparición de sus seres queridos. Enfrentar la pérdida sin la certeza sobre la muerte; el llanto sin el consuelo de un sepulcro donde llevarles flores; peor aún, visitar la morgue para tratar de identificarlos entre decapitados, desmembrados, desollados, degollados o acribillados; recibir un saco de huesos con la duda eterna de que sean los suyos. La inagotable esperanza de que regresen vivos.

Guerrero es un gran cementerio. De 2010 a 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) ha participado en la ubicación de 273 personas inhumadas de forma clandestina. Esto es, casi la mitad de las registradas a nivel nacional en ese periodo.

¿Cuál será el total de los que no se han encontrado? En esta entidad aún se buscan cuerpos de personas desaparecidas desde el periodo de la guerra sucia, acontecida entre finales de la década de 1960 y los últimos años de la de 1970.

Tuvo que darse la controversia por el destino los 43 normalistas de Ayotzinapa para que el gobierno de México reconociera la gravedad de las inhumaciones clandestinas, y que el presidente Enrique Peña Nieto propusiera elevar a 90 años la pena para quien desaparezca personas.

Independientemente de que no existe pena lo suficientemente grande para compararla con la de las familias de los desaparecidos, no basta con agrandar el látigo y tenerlo guardado. De nada sirve una cadena perpetua si las autoridades no investigan, no juzgan debidamente, si los delincuentes se mantienen impunes y los ciudadanos no sienten la confianza de denunciar.

 

¿Fiscal de hierro o yerro?

 

Fiscales vienen y van. Todos aseguran ser el Elliot Ness que Guerrero necesita, pero sus resultados no tardan en evidenciarlos. De Xavier Olea Peláez, el gobernador Héctor Astudillo ha dicho que no lo quiere para señorita simpatía, sino para que acabe con la impunidad, y eso es precisamente lo que esperan los guerrerenses.

En su primer día de fiscal hubo al menos 10 asesinatos solamente en Acapulco e Iguala, cuatro de éstos, de mujeres. ¿Cuántos resolverá? Habrá que estar pendientes para ver si, efectivamente, Olea será un fiscal de hierro, o uno más de yerro como los que hemos tenido.

 

Ineptitud en Sedesol

 

Al que se le hizo bolas el engrudo es al delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Armando Soto Díaz. La entrega de televisores para el apagón analógico en Acapulco fue un verdadero desastre, en el que unas 200 personas necesitaron ser atendidas por paramédicos ya sea desmayadas, deshidratadas o por problemas de presión.

El asunto fue que cada día estuvieron llegando más personas de las que se esperaba, lo cual no fue previsto por el delegado al que nunca vimos que se despeinara para difundir a la población cuál sería la mecánica para el reparto, quiénes y qué días podrían acudir. No hubo ni organización, ni comunicación.

 

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