* Y de los cementerios clandestinos que mantenían en las inmediaciones del poblado de Pueblo Viejo
Fernando Hernández
Desde marzo de 2013 la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJE) a cargo de Martha Elva Garzón Bernal tenía indicios de la relación del ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez con el cártel de los “Guerreros Unidos”. Asimismo, del crecimiento de la organización delictiva y los cementerios clandestinos que mantenían en las inmediaciones del poblado de Pueblo Viejo.
Las sospechas de la dependencia fueron archivadas y los funcionarios de la ex Procuraduría se mantuvieron al margen de las actividades delictivas de “Guerreros Unidos”, quienes instalaron un imperio de terror, el cual parece regresar ante la ola de violencia que se vive nuevamente en Iguala.
De acuerdo con la versión pública del expediente del Caso Ayotzinapa disponible en la página de internet de la Procuraduría General de la República (PGR) a las 21:00 horas del 25 de marzo del 2013 la PGJ levantó el Acuerdo de Diligencias A.P. HID/SC(01/0758/2013 mediante el que abrían “presentes actuaciones” en contra de José Luis Abarca Velázquez y su esposa María De los Ángeles Pineda Villa, hermana de los fundadores del cártel Alberto Pineda Villa “El Borrado” y Mario Alberto Pineda Villa “El MP”.
La Procuraduría levantó el acta a una semana de que fue asesinado el síndico de Iguala durante la administración de José Luis Abarca; Justino Carvajal Salgado. A Abarca se la ha señalado también de ser el autor intelectual del homicidio de Carvajal, considerado uno de los fundadores del PRD en la región Norte.
La cuestionada Procuraduría inició el acta debido a las denuncias que circulaban tanto en medios como en páginas de internet en la que se daba cuenta de la relación del matrimonio Abarca-Pineda con el cártel que habían fundado sus cuñados
Para esas fechas la PGJ ya tenía evidencias de que la zona aledaña a Pueblo Viejo ya había sido convertida en un cementerio clandestino por “Guerreros Unidos”.
El 11 de marzo del 2014 la Subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales de la PGJ remitió un oficio su Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Secuestro, en el que solicitaba informes sobre averiguaciones previas iniciadas en las que las víctimas no hayan sido liberadas y en “la zona de influencia de la organización criminal Guerreros Unidos”.
Y el 18 de marzo del 2014 la fiscalía respondió tenían conocimiento de cuatro investigaciones en contra de los “Guerreros Unidos” por secuestro las cuales están clasificadas con las claves: FEICS/02/2013, FEICS/156/2013, FEICS/020/2014, FEICS/024/2014, FEICS/031/2014.