Temas Cotidianos

 

Por Félix J. López Romero

 

 

Amenazan para laboral

 

El anuncio hecho por el secretario de Educación, José Luis González de la Vega, en el sentido que serán despedidos 5 maestros, los cuales sabotearon la evaluación de docentes, efectuada hace algunos días en Acapulco, ha ocasionado una violenta reacción en elementos de la Ceteg, quienes respondieron que de hacerse realidad lo dicho pararán sus labores, las que podrían ser permanentes de hacer realidad lo anunciado.

La secretaría de Educación tiene firmado un contrato colectivo de trabajo, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no con la CETEG que se arroga lo que no le pertenece. La SEP está en su derecho de cesar a cualquier elemento de la oposición magisterial, porque no tiene un compromiso gremial que lo ate.

La disposición en cierne cuenta con el apoyo del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien ha mostrado su conformidad, con retirar del servicio activo a todo el que se niega a acatar las disposiciones oficiales, aun cuando su oposición dañe las tareas educativas que tienen como encomienda.

Guerrero no podrá avanzar hacia un mejor destino, si quienes son empleados se atribuyen tareas patronales. Se puede disentir siempre y cuando se haga dentro de la legalidad, porque para eso está la Junta de Conciliación y Arbitraje, que como su nombre lo indica está para solucionar conflictos; si se vive en un estado de derecho existen los canales para que las partes en conflicto discutan sus diferencias.

Todo lo que hasta ahora ha realizado la oposición magisterial, se ha caracterizado por la violencia en su ejecución. La implantación de la reforma educativa que impulsan las autoridades de educación, solo tiene como fin tener maestros de mejor calidad, a lo que se oponen tercamente quienes gustan vivir en la confrontación.

 

No tienen llenadero

 

A los numerosos actos delictivos que tienen como autores a maestros, militantes en la Coordinadora a los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), debe agregarse su terca actitud que se les entreguen 90 días de aguinaldo en estos días, cuando lo que se tiene asignado para cubrir ese rubro es de 45, a pesar que infinidad de ellos abandonaron las aulas desde hace muchos meses, importándoles bien poco dejar sin enseñanza a millares de niños en edad escolar.

Ante la presión que está ejerciendo el magisterio disidente, el subsecretario de Finanzas de la SEG Ernesto Sandoval Cervantes, manifestó que la dependencia carece del dinero para pagar otros 45 días de esa prestación, la que instituyó el presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-58), la que más adelante se hizo obligatoria.

Ante la crisis financiera que vive el gobierno estatal, según lo dio a conocer el secretario del ramo, Héctor Apreza Patrón, se ve imposible que se puedan dar a maestros y servidores del gobierno en lo general, el aguinaldo extra se exigen se les otorgue.

La presión del magisterio se mira difícil sea complacida, porque el gobierno federal solo tiene contemplado un aguinaldo de 15 días, en tanto el estatal no cuenta con alguna reserva económica, para hacer frente a lo que por diversas presiones le es exigido.

El gobierno estatal está prácticamente “quebrado”, porque no tiene dinero según lo ha hecho saber; en consecuencia deben aceptarse lo que les será dado, en primer lugar porque así lo establece la ley, en segundo porque se carece de dinero para satisfacer lo requerido.

 

Eficientar la seguridad

 

Enseguida de hacer una gira de trabajo por la colonia Francisco Javier Mina, la cual concluyó en las instalaciones de la feria, en donde inauguró murales alusivas a éstas, el alcalde Marco Antonio Leyva Mena, al ser cuestionado por la prensa, sobre el alto índice delincuencial que vive esta ciudad, expresó es necesaria la participación ciudadana para hacerle frente.

Aun cuando no lo hace de manera directa, la población colabora en esta tarea con el ayuntamiento, a través de los impuestos que paga, entre otras cosas para tener una policía eficiente que garantice paz y seguridad.

Lo que el ayuntamiento debe, es priorizar renglones como el policíaco, cuya tarea es mantener la calma, para que no se mire alterada por la delincuencia, como se ha mirado sucede en los últimos tiempos.

De hecho el alcalde le está pidiendo a los habitantes, se sumen a la prevención de delitos, cuando esa tarea le compete a la policía, la que es en número menor que la que se requiere para una vigilancia puntual, ya que el propio jefe de la comuna manifestó solo cuenta con 25 elementos y 5 patrullas, incapaces de mantener el orden.

En algunas colonias se han integrado grupos ciudadanos, quienes han advertido a los delincuentes a su linchamiento, de ser detenido en flagrancia. Sobreponerse a la autoridad no es lo más recomendable, si no colaborar con ella en su tarea de pacificar a la capital. El ciudadano debe ser coadyuvante con sus autoridades, jamás colocarse sobre ellas porque estarán al nivel de los perdularios.

 

Habrá alcoholímetro

 

Desde hace varios años en la ciudad de México, sus autoridades han puesto en operación el alcoholímetro, para evitar que quienes conduzcan un auto puedan ocasionar un accidente, o ellos mismos resulten afectados. Previniendo que bebidas embriagantes sean la causa de accidentes de vialidad, el gobierno municipal, a través del subsecretario de Tránsito y Vialidad, Inocente Mojica Peña, declaró que con motivo de las fiestas decembrinas, en donde las bebidas espirituosas tienen una mayor demanda, se aplicará esta disposición, aun cuando no dijo si será temporal o permanente.

En diciembre suele circular una alta cantidad de dinero, ya que es fecha en que se cubre el aguinaldo a los trabajadores; buena parte de él es utilizado para la compra de alcohol, al que se responsabiliza de muchas de las muertes ocurridas.

La disposición oficial ha sido bien recibida por la población, aun cuando se teme no sea pareja, porque los agentes de tránsito no multan a infractores influyentes, lo que ocasiona la “mordida”, muy extendida en el medio oficial.

El alcoholímetro debe servir para evitar desgracias, no como instrumentos para que empleados públicos saquen raja del hecho.