* Rogelio Ortega y su “herencia maldita”
* Hasta el ombudsman deploró la abulia
* Apreza exhibió las graves omisiones
Jorge VALDEZ REYCEN
Las secuelas de un mal gobierno hoy se padecen.
Los efectos nocivos de un dispendio del erario presupuestal 2015 utilizado discrecionalmente por la Secretaría de Administración y Finanzas (SEFINA), con la aquiescencia de Rogelio Ortega Martínez, repercuten en el arranque del gobierno de Héctor Astudillo Flores sensiblemente.
Aunque sí está reducido el margen de maniobra legal y financiero, Astudillo Flores ha instruido al equipo operador de las Finanzas para dar prioridad al pago de unos 100 mil trabajadores de las burocracias estatales y municipales en sus aguinaldos de fin de año y las quincenas de los meses de diciembre y enero, como la estipula la ley.
Rogelio Ortega Martínez no previó u “olvidó” las responsabilidades de su gobierno saliente en octubre pasado con la clase trabajadora, lo que se traduce en una bomba de tiempo, activada, calculada y hasta de muy mala fe orquestada para hacer resbalar a su sucesor en uno de los renglones más sensibles como es la percepción salarial burocrática.
Rogelio Ortega no se cansó de repetir su padecimiento de falta de recursos, que incluso llegó al Senado de la República a decir la sandez: “adelanten la toma de posesión de Astudillo, porque yo ya no tengo dinero”. Situación que hizo sonrojar a más de dos senadores por el exabrupto de un doctor en ciencias políticas carente del elemental juicio para gobernar Guerrero.
La “herencia maldita” de Ortega es el desbarajuste financiero dejado por Eliseo Moyao y su equipo de mediocres en SEFINA.
Otra más fue la que el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CODEHUM), Ramón Navarrete Magdaleno, le reprochó a Ortega en su desparpajada administración y relativa al tema de dotar de recursos a la institución que garantice el pleno respeto a las garantías individuales y de derechos humanos de los guerrerenses. Ni un peso les pagó.
Sí, los temas más variados, relacionados con la gobernanza en la entidad, sufrieron un frenón súbito con Ortega Martínez. La implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio fue postergada de manera irresponsable, endosando las consecuencias a los que ahora asumen los costos de esa desidia o indiferencia.
No sólo el renglón financiero, sino del ejercicio de gobierno, fueron causales en un año de severos retrocesos, aunque el aludido “Royer” se devane los sesos culpando a su antecesor y echando culpas a las “herencias malditas”.
Ortega supo –no hay manera de exonerarlo, en un régimen donde el gobernador tiene en sus manos y concentra el poder de decisión y hasta el de la inacción— los efectos que heredaría a su sucesor Astudillo en las diferentes áreas. Si actuó con dolo, las secuelas serán más graves y dolorosas.
Héctor Apreza Patrón ha dicho que no será “tapadera de nadie”, pero su dicho no es acompañado de una denuncia de hechos ante la Contraloría del Estado, la Auditoría General del Estado y hasta la Auditoría General de la Federación para que intervengan en las cuentas públicas del 2015. Tampoco da visos a la Fiscalía General del Estado sobre la sospecha de posibles delitos de peculado o enriquecimiento ilícito de los servidores públicos del gobierno orteguista.
En Nuevo León, Sonora, Coahuila, Michoacán y Tabasco los ex gobernadores están en la picota de ir a parar a la cárcel por ladrones. Guerrero no podría ser la excepción… Nos leemos mañana, SIN MEDIAS TINTAS.