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sábado, 24 julio , 2021

Expertos demuestran que no hubo ningún incendio en Cocula

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* Al presentar los avances de sus pesquisas sobre la desaparición de 43 normalistas en Iguala, especialistas de la CIDH presentaron informes meteorológicos y satelitales que descartan la posibilidad de que los jóvenes hayan sido incinerados en el basurero de ese municipio

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REDACCIÓN

 

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MÉXICO, DF.— La versión oficial presentada por la Procuraduría General de la República a principios de este año, sobre los ocurrido a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, el 26 de septiembre del año pasado, fue de plano descartada este lunes por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que confirmó que el 27 de septiembre de 2014 no hubo ningún incendio en el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los jóvenes.

Durante una conferencia de prensa en la que dieron a conocer los avances de la segunda parte de su actuación oficial, como coadyuvantes en la investigación del caso, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Carlos Beristain de plano refutaron la “verdad histórica” de la PGR.

Los expertos de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos informaron que el pasado 13 de marzo solicitaron a la PGR registros o fotografías satelitales para evaluar la existencia del llamado “incendio del basurero de Cocula”.

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Alejandro Valencia dijo que “a petición del GIEI, la PGR pidió un estudio a un centro especializado en meteorología sobre la situación en la zona de Cocula-Iguala los días 26 y 27 de septiembre del 2015; el estudio por dicho centro señala en sus conclusiones que la estación meteorológica de Iguala tuvo precipitaciones entre la 1 y las 4 de la mañana”.

Y añadió que a pesar de “que no se consiguieron registros (de lluvia) sobre Cocula”, es un hecho que “los pronósticos e imágenes de nubes muestran un perfil similar” a la situación del clima registrado en Iguala, donde hubo “una precipitación acumulada de 21.8 mm entre el 26 de septiembre, y de la 1 am a las 4 am del 27 de septiembre de 2014”.

Según el GIEI, “el análisis apoya totalmente las revelaciones incluidas y debe ser aportado como un material fundamental en la realización de cualquier estudio” sobre el supuesto incendio.

Los expertos detallaron que han propuesto a las autoridades mexicanas algunas diligencias de búsqueda que espera se realicen próximamente.

Sobre el quinto autobús que fue tomado el día de los hechos por los normalistas, recordaron que la existencia de esa unidad “fue descubierta por el GIEI y podría tener que ver con el móvil de los hechos”, pues existe la presunción de que Guerreros Unidos usaba autobuses de pasajeros que salía de Iguala rumbo a Chicago, Illinois, Estados Unidos, para trasladar cargamentos de droga.

Añadieron que debido a las fuertes contradicciones en la información existente, ya señaladas en el informe, han solicitado que se revisen las reconstrucciones realizadas posteriormente sobre el autobús “como si éste estuviera plenamente identificado, y que deben ser reconsideradas a la luz de la evidencia”.

De igual manera, resaltaron que desde el inicio de su trabajo han señalado la importancia de entrevistar a personal del Batallón 27 para conocer detalles sobre los hechos y obtener posibles elementos de búsqueda.

“Durante meses, la respuesta del Estado fue que se estaba evaluando la petición; después que el mecanismo sería la PGR; posteriormente que no sería dicha institución por motivos legales, y después que tendría que dar su cuestionario cerrado a la PGR sin estar presente en las declaraciones”, señalaron.

Dijeron que la postura del gobierno mexicano contrasta con el apoyo que pidió al GIEI para facilitar que los alumnos de Ayotzinapa dieran su testimonio, lo que el Grupo hizo como parte del compromiso con el caso y para generar confianza.

Los expertos puntualizaron que en esta toma de declaraciones,  el GIEI estuvo presente como parte de la investigación, y subrayaron que, según informes médicos de la PGR, 70 por ciento de los detenidos por el caso tenían lesiones, que podrían corresponder a malos tratos o torturas físicas durante su detención.

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