Isidro Bautista
La declaración hecha por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que el grado de inseguridad o de la violencia de Guerrero es culpa de los ex gobernadores Ángel Heladio Aguirre Rivero y Rogelio Salvador Ortega Martínez debe llevar a al menos dos reflexiones.
Una. Con esa expresión se confirma una vez más que en política los amigos son de mentirita, y los enemigos, de a de veras.
Aguirre Rivero, antes de llegar por segunda ocasión a la gubernatura, se jactaba de tener una espléndida relación personal con el hoy presidente Enrique Peña Nieto y, naturalmente, con Osorio Chong.
Infinidad de veces, públicamente se dirigía a ellos con el calificativo de mi gran o entrañable amigo. ¿Cuántas veces no aparecieron juntos de manera sonriente, y abrazados?
Todo mundo veía al ex diputado federal y ex senador “bien parado” ante el Ejecutivo encabezado por Peña Nieto, a tal extremo que posiblemente Aguirre llegaría a pensar en los primeros días de ocurridos los hechos de Ayotzinapa en Iguala que no le pasaría nada.
Osorio Chong no tuvo empacho en lanzarle otra acusación tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, en la que arrastró hasta a Ortega Martínez; sólo que ésta impactó más en la clase política y sociedad en general, aunque no expresamente los señaló como culpables de la inseguridad.
El titular de Segob sostuvo que con ambos al frente del gobierno “no se formaron instituciones, no formaron nuevos policías, no los capacitaron, y no había controles de confianza, por lo que era muy difícil tomar la acción que le correspondía al gobierno de Guerrero, y se lo dijimos al gobernador Aguirre y al gobernador interino; se lo dijimos a sus secretarios de Seguridad, que tenían que formar sus propias instituciones, por lo que hoy son las consecuencias las que se están sufriendo en Guerrero, pero, más que lamento, lo que tenemos que hacer es tomar acciones”.
Por cierto, hubo medios que articularon estas últimas palabras como “lo que más lamento es que tenemos que tomar acciones”.
¿Tomarán acciones? ¿Cuáles? ¿Contra qué, quién o quiénes? ¿Cuándo?
La sociedad pudiera considerar lamentable, o incluso reprobable, ese señalamiento, y preguntarse por qué hasta ahora lo dijo, por qué no lo manifestó cuando, en su momento, Aguirre y Ortega eran gobernadores.
Pudiera decir que lo supo, y lo calló, a pesar de que, según sus propias palabras, las consecuencias eran cada vez peores para Guerrero.
Puede ocurrirle lo que pasó con Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, con su “verdad histórica”.
Dos. Héctor Astudillo, ahora gobernador, no debe confiarse ni de su propia sombra para que hechos como los de Iguala no se repitan, u otros semejantes, que puedan orillarlo a pender de un hilo.
El titular de un Ejecutivo finalmente políticamente es, o es visto como responsable de lo que hasta sus colaboradores hagan o dejen de hacer.
Por eso éstos tienen que entrar en un radar para ser observados las 24 horas del día, más cuando otra vez le manifiesta respaldo el gobierno federal con esa misma declaración de Osorio Chong para afrontar el problema número uno de Guerrero: “hoy hay un gobierno que está siendo atento y receptivo a nuestras directrices, y a las que marca la sociedad en el tema de seguridad pública, y creemos que vamos a poder trabajar mejor y reducir, como en Michoacán y en otros estados, la violencia y los índices delictivos”.
De entrada, ha sido aceptable la postura de Astudillo de integrar su equipo de colaboradores por su experiencia, y de llamarlos a ser austeros, humildes y sensibles; a no ser aquellos funcionarios que se dejan ver aparatosa u ostentosamente, de tal modo que se convierten en inalcanzables, y al mismo tiempo, en repudiables para la sociedad.
Habrá que mantener arriba el voto de confianza en el ahora titular del Ejecutivo, en el entendido de que si Aguirre y Ortega no dieron resultados en cinco años con la gubernatura, él ni nadie podrá darlos en quince días.
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