* La administración estatal deberá emitir para ello Certificados de Infraestructura Educativa
Fernando Hernández
El Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos un dictamen de la Comisión de Hacienda mediante el cual se autoriza al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que a través de la Secretaría de Finanzas (Sefina), se hagan los cambios necesarios para acceder a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) correspondientes al Ramo 33, destinado a la construcción de infraestructura física educativa.
Con esto, los diputados locales autorizan al Ejecutivo el pago en garantía de recursos financieros para acceder a fondos líquidos del FAM y para crear un fideicomiso bancario, así como atribuciones para la emisión de Certificados de Infraestructura Educativa.
El decreto fue entregado por el Ejecutivo al Congreso del Estado el pasado jueves y ese mismo día fue turnado a la Comisión de Hacienda y pasó al pleno a su primera lectura la madrugada del viernes. En su momento, la bancada perredista se opuso a la aprobación de la iniciativa, pero este lunes se retractó. La aprobación del decreto hubiera sido imposible sin el respaldo del PRD, que se reservó para la discusión de algunos artículos en lo particular.
Sólo se manifestó en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo la diputada de Morena, María De Jesús Cisneros; en tanto que los miembros de la bancada de MC, Silvano Blanco de Aquino y Ricardo Mejía Berdeja, se abstuvieron de votar la propuesta de dictamen.
En el dictamen aprobado la tarde de este lunes se acuerda, en primera instancia, la autorización al gobernador para que a través del titular de la Sefina celebre los convenios correspondientes de coordinación o colaboración para la “potenciación de recursos del FAM, mediante el anticipo de recursos con cargo a dicho fondo hasta por el término de 25 años”.
Además se agrega que “los recursos que se obtengan del fondo por anticipos, se destinarán al fortalecimiento de la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas en el estado”.
Para ello, se deberá “integrar el fideicomiso correspondiente conforme al convenio respectivo, cuyo fin será la emisión de certificados de infraestructura escolar (CIEs) y por tanto, ni el estado, ni el gobierno federal serán responsables respecto de cualquier incumplimiento de dichas obligaciones de pago”, se precisa en el dictamen.
Asimismo se agrega que “los tenedores de los CIEs no podrán ejercer acción penal alguna en contra del Estado Libre y Soberano de Guerrero por la ausencia de cualquier pago derivado de la emisión de dichos certificados”.
En su momento, diputada perredista Silvia Romero Suárez indicó que la aprobación del punto de acuerdo era necesaria para avanzar en el desarrollo de la educación en el estado de Guerrero. Y puntualizó que siendo congruente, y porque tuvo el “honor” de ser secretaria de Educación durante tres años, tuvo “tiempo suficiente para recorrer las diferentes regiones del estado y conocer las condiciones que viven los miles de niños y jóvenes en sus escuelas”.
Entonces recordó que en su gestión muchas cosas hicieron falta por no tener “los presupuestos suficientes; lo que sigue pendiente, es la gravísima falta de infraestructura en las escuelas de Guerrero”.
“En pleno Siglo XXI hay niños que todavía van a clases bajo un árbol, sin paredes y sin piso firme; yo siempre he sido muy respetuosa de la postura de mis compañeros, pero hay muchos de ellos, así como muchos funcionarios que no han vuelto a pisar una escuela desde que concluyeron su universidad. Hay cientos, tal vez miles de escuelas que no tienen baños, o que los tienen pero que no sirven; muchos de los niños tienen se ven en la necesidad de ir a orinar y defecar” al aire libre, puntualizó.
La ex funcionaria argumentó en favor del dictamen que “bajo esta razón, el dictamen que se nos presenta es de la mayor trascendencia, porque está en nuestras manos atender en tres años un problema de años. La decisión que tomemos será crucial en definitiva, para que no las más de 10 mil 900 escuelas no vayan a ser reparadas en su totalidad, y por el avance que se pueda dar en ellas valdrá la pena”.
En tanto que la diputada por Morena, María de Jesús Cisneros, quien votó en contra del dictamen, señaló que “lo que se está por aprobar es la autorización al Poder Ejecutivo de disponer de los recursos que se obtuvieron de la Federación; se trata de un negocio para beneficiar a los intereses privados. Es un crimen social, nos oponemos a todo convenio que, con el dinero público, sea para el pago de más endeudamiento”.
El diputado priista Eusebio González manifestó que el acuerdo promovido por el Ejecutivo se trata sólo de un instrumento financiero que le permite a estado allegarse de recursos, anticipando los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, “se trata de anticipar recursos, que tendrán que estar siendo amortizados”, precisó.