* Preocupante que no funcionen ‘filtros’ para evitar la entrada de personas ligadas al crimen organizado a cargos de elección popular, dijo la presidenta del Congreso

 

Josefina Aguilar

 

“Si el presidente municipal de Cocula resulta culpable de los delitos que le imputan, el Congreso del Estado podría iniciar un juicio político en su contra para desaforarlo y responda ante la ley”, adelantó la presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso Local, Flor Añorve Ocampo, quien afirmó que es preocupante que los filtros implementados por los partidos políticos para evitar que personas relacionadas con presuntos grupos delictivos, no funcionen.

Luego de la detención de Erick Ulises Ramírez Crespo, por presuntos nexos con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”, quien asume la presidencia municipal como encargado de despacho, es la síndica procuradora, Enriqueta García Pérez, informó la diputada local.

Aunque no precisó, dijo que posteriormente, de acuerdo a lo que marca la ley, de que sólo un tiempo considerable es el que un encargado de despacho puede estar al frente del Ayuntamiento, sería el propio cabildo o a través del Congreso Local, el que tome una decisión definitiva sobre la situación de Cocula de quien quedaría como alcalde.

La presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso Local, consideró como preocupante lo que ha ocurrido con la detención del edil de Cocula, municipio muy cercano a Iguala, donde ocurrió la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre del año pasado.

Agregó que otra situación que les ha preocupado como representantes e integrantes de un partido político, es que al interior de cada uno de estos, se pidió que cuidaran mucho quienes eran los candidatos de cada uno y evitar que personas relacionadas con presuntos grupos delictivos ocuparan algún cargo.

“Es preocupante porque una de las cosas que insisto y repito, a los partidos se les pidió por favor verificaran a cada uno de los candidatos que proponían para asumir cargos”, sostuvo.

Admitió que lo ocurrido en Iguala marcó mucho la situación hacia los partidos. En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece y representa, indicó, algunos de los requisitos que exigieron a cada uno de los aspirantes fue la declaración patrimonial, cartas responsivas en las que los solicitantes tomaban la responsabilidad de decir verdad sobre su comportamiento en todos los ámbitos, además de que cada uno de los sectores los avalaron con firmas, con las que demuestran su actividad socialmente lícita.

En cuanto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien ha justificado la detención del alcalde de Cocula, en que la Fiscalía General del Estado (FGE), no les remitió ningún reporte que los alertara para no postularlo como candidato, Añorve dijo que cada uno de los partidos tiene la obligación de involucrarse con cada uno de sus aspirantes y evitar este tipo situaciones. (Notymás)