* Esa organización internacional sugiere al presidente Enrique Peña Nieto designar un fiscal especial que investigue desapariciones no resueltas y otras graves violaciones a los derechos humanos en nuestro estado
* La desaparición de una docena de personas en Chilapa, en mayo pasado, ante la presencia de fuerzas estatales y federales, demostró que aún después de lo ocurrido en Iguala las autoridades no quieren o no pueden actuar con firmeza para prevenir esos delitos, señala
MÉXICO, D.F.— Después de considerar como “terrorífica” la situación que se registra en el estado de Guerrero en lo que se refiere a las desapariciones de personas, la organización International Crisis Group pidió al presidente Enrique Peña Nieto que actúe con firmeza para restaurar la confianza de los ciudadanos, investigando y enjuiciando casos emblemáticos, sobre todo los ocurridos en esa entidad del sur del país.
La organización propuso al Gobierno de México enfrentar la “terrorífica” situación que se vive en “Guerrero”, designando a un fiscal especial que sea apoyado por una comisión internacional, para que investigue las desapariciones no resueltas y otras graves violaciones de los derechos humanos que ocurren en esa entidad.
En su informe “Desaparecidos: la justicia denegada en el estado mexicano de Guerrero”, Crisis Group señala que “las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en el estado (de Guerrero), han desdibujado los límites entre la política, el estado y el crimen”.
Asegura que “las bandas de narcotraficantes no sólo controlan la industria ilegal de la heroína y asedian a los ciudadanos de a pie, a través del secuestro y la extorsión, sino que también han penetrado, paralizado o intimidado a las instituciones encargadas de defender la democracia y el Estado de derecho”.
Crisis Group explica que un ejemplo de la complicidad establecida entre las autoridades y los grupos criminales, es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre del año pasado, y señaló que ese caso “no es una anomalía”, ni “un incidente aislado”, en un estado donde han desaparecido las líneas que separan a “la política, el gobierno y la delincuencia”.
La organización consideró que irrefrenable la violencia y la corrupción de servidores públicos en esa entidad, requieren de medidas adicionales para asegurar a la población que las autoridades están preparadas y dispuestas a investigar y castigar a los criminales que aterrorizan a los ciudadanos, así como a cualquier funcionario que los ayude o aliente, por acción u omisión.
Dijo que el descubrimiento de fosas comunes clandestinas en Guerrero dejó al descubierto un macabro y más amplio patrón de homicidios sin resolver.
“Y el problema no se limita a Iguala. El secuestro en mayo de 2015 de más de una docena de personas en Chilapa, donde las fuerzas estatales y federales estaban a cargo de la seguridad, demostró que, meses después de la desaparición de los estudiantes, las autoridades seguían sin querer o sin poder actuar con firmeza para prevenir y resolver este tipo de delitos”, señala el informe que destaca las más 23 mil desapariciones en el país.
Para la organización con sede regional en Bogotá, la “gravedad de la violencia y la corrupción” en Guerrero hace necesario que el gobierno de Peña Nieto vaya más allá de su decisión de nombrar nuevos fiscales para el caso Ayotzinapa y de ponerlos a trabajar en coordinación con expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El gobierno federal debe poner en manos de un fiscal especial independiente, apoyado por una comisión investigadora internacional con poder para participar activamente en los procedimientos, la investigación de las desapariciones no resueltas y otras importantes violaciones de los derechos humanos” en Guerrero, señala el documento.
El nuevo Fiscal para Guerrero que propone Crisis Group debería proceder de fuera del Gobierno, tener experiencia en litigios de derechos humanos y libertad para abrir nuevas líneas de investigación. Sus investigaciones deberían contar con asistencia y supervisión de una comisión internacional formada por expertos en derecho penal y derechos humanos, y auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y/o la Organización de Naciones Unidas.
Esa comisión, con un mandato renovable de dos años, dice el informe, debe tener autoridad para participar en procedimientos penales y acceder plenamente a pruebas y testigos, así como para trabajar con grupos de víctimas y activistas de los derechos humanos con vistas a reunir información y tramitar reparaciones.
El informe de Crisis Group contiene además un mensaje especial para Estados Unidos, el principal destino de la goma de opio que se produce en Guerrero y que sirve de base para procesar la heroína que se consume en ese país, porque de ahí proviene la riqueza que obtienen los grupos delictivos que se dedican al tráfico de esa droga.
“La tragedia de Guerrero es más que un fracaso de las instituciones mexicanas” y “a Estados Unidos claramente le interesa que se refuerce la ley y la justicia en un estado que suministra mucha de la heroína que alimenta una epidemia creciente”, expresa el documento. (Con información de Sin embargo)