* El fiscal dijo que no hay evidencias de que Iñaki Blanco hubiera incurrido en omisión al no detener a Felipe Flores el día siguiente a los hechos de violencia
Fernando Hernández
Miguel Ángel Godínez Muñoz compareció ayer, a puerta cerrada, ante los diputados integrantes de la Comisión Especial para el caso Iguala-Ayotzinapa, en las instalaciones de la Biblioteca Siervo de la Nación del Poder Legislativo, durante aproximadamente tres horas.
Al término del encuentro, el fiscal aseguró que a poco más de un año de los hechos de violencia ocurridos en Iguala, que derivaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la FGE mantiene vigentes cuatro procesos penales por el delito de homicidio.
Godínez Muñoz dijo que explicó a los diputados todas las diligencias que desarrolló la Fiscalía después de los hechos y hasta que las pesquisas fueron enviadas a la Procuraduría General de la República (PGR).
Cuestionado en torno a la posibilidad de fincar responsabilidad al exprocurador Iñaky Blanco porque al inicio de las investigaciones se interrogó, el 27 de septiembre del 2014, al director de la Policía Preventiva de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y no fue detenido, el fiscal respondió que en ese momento, el jefe policiaco –hoy prófugo de la justicia— acudía como testigo y no había razón para detenerlo.
“Hemos llevado puntual seguimiento a todo. Hasta donde nosotros sabemos, lo que hizo la fiscalía respecto a la investigación, no hubo una omisión como tal (de Iñaki Blanco Cabrera) comprobada hasta el momento”, dijo Godínez Muñoz.
Se abstuvo de emitir juicios en torno a la necesidad de que los militares del 27 Batallón, con sede en Iguala, sean interrogados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y atajó que esa será una decisión que corresponderá a la PGR.
Mencionó que la FGE participará en los nuevos peritajes sólo si lo solicita la PGR, que es la responsable de encabeza esas pesquisas.
Por otro lado, admitió que el problema de la violencia no disminuye y que tan sólo el día miércoles se registraron seis ejecuciones en diferentes partes del estado.
El fiscal abundó que el Frente Único para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), deberá entregar a los detenidos que mantiene recluidos en la comunidad de Xaltianguis desde el miércoles pasado, y reveló que ha dado aviso a las autoridades federales “para que investiguen lo que está pasando” en esa comunidad del municipio de Acapulco.
Sobre las medidas cautelares que tenían dos integrantes de una familia de desplazados de la comunidad minera de El Carrizalillo, asesinados la noche del miércoles en Iguala, Godínez Muñoz dijo que “no creo que se haya incumplido en relación con las medidas cautelares, somos muy cuidadosos y en algún momento no todas las medidas cautelares son de la fiscalía, también algunas corresponden a otras autoridades”.
Puntualizó que para el otorgamiento de las medidas cautelares tiene que hacerse un estudio, “o se hacen rondines, o se tiene que tener un personal fijo con la persona, o sólo en el domicilio, se tiene que hacer un estudio”, explicó.