ALONDRA GARCÍA
La comparecencia del Ejército Mexicano ante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por el caso Ayotzinapa es legal y obligatoria, aseguró Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La semana pasada el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se negó a permitir que el GIEI interrogue a los militares del 37 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, por considerar ilegal que un grupo de extranjeros interrogue al Ejército, e innecesario, porque la investigación oficial está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“(La comparecencia de los militares) no es ilegal, ese discurso de la soberanía y el nacionalismo a ultranza ya es parte del pasado”, sostuvo el abogado y activista, quien ha acompañado jurídicamente a los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
El defensor sustentó esta afirmación en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.
Sostuvo que dicha reforma “es clara y expresa” al establecer que México forma parte de un control de convencionalidad y por lo tanto, el Estado Mexicano está sometido a la supervisión de los organismos internacionales de derechos humanos, expresamente de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Recordó que la Convención Americana dio origen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el Estado Mexicano está obligado a aceptar todas las recomendaciones que realice el GIEI para contribuir al pleno esclarecimiento del caso, a garantizar la justicia y la no repetición de los hechos.
Por otra parte, el abogado de Tlachinollan reprobó la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de hacer público el expediente del caso Ayotzinapa.
De acuerdo al defensor, la publicación puede comprometer el curso de las investigaciones y la seguridad de víctimas, familiares y testigos.
“Es un tema de investigación y debe guardar cierto sigilo para no comprometer el curso de las mismas y el éxito que pueda tener. Nosotros no estamos de acuerdo con que se hiciera público el expediente y esperamos que se guarde la debida reserva para las víctimas y los testigos. Eso es lo fundamental, que no se vaya a poner en riesgo la vida de todos y cada uno de ellos”, argumentó.